La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha destacado que el número de beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI)durante mayo ha alcanzado las 54.375, entre titulares de la ayuda y personas que integran la unidad familiar, lo que supone un aumento de alrededor de 10.000 personas respecto al inicio del estado de alarma.

Oltra mantuvo ayer un encuentro con los personas usuarias del albergue Sant Joan de Déu de València con los que departió sobre las vivencias que han tenido durante el confinamiento decretado con motivo del estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19, y en el que también tuvieron ocasión de compartir con qué perspectivas encaran el futuro, informaron fuentes de la Generalitat.

Durante la reunión, la vicepresidenta explicó qué es lo que se está haciendo para armonizar el nuevo ingreso mínimo vital con la renta valenciana de inclusión. Detalló que en estos momentos la Renta Valenciana de Inclusión beneficia a más de 54.000 personas y que el mayor número de personas destinatarias se sitúa en la provincia de València, donde superan las 24.000, mientras que en Alicante la cifra está en más de 23.000 y en Castelló se superan las 6.000 personas destinatarias.

Oltra remarcó que, a pesar de las circunstancias excepcionales generadas por el estado de alarma, desde la conselleria se ha hecho un esfuerzo para que la prestación que llega a las personas que más lo necesitan «continuara llegando y pudiera beneficiar a más personas todavía».

La Generalitat destina actualmente un total de 229.217.711,76 euros para la aplicación de la RVI. Esto supone «un incremento del mil por cien desde los 20,5 millones consignados en 2015 con la renta garantizada de ciudadanía». En total, desde 2015 las ayudas para este tipo de prestaciones suman 556,6 millones. Oltra ha subrayado que la evolución de estas prestaciones ha sido tanto económica como de concepto y ha concretado que la renta «supuso el incremento del importe de la ayuda, la ampliación y flexibilización de los requisitos para acceder, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática».