La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón al PP y estima que tiene derecho a consultar los expedientes abiertos por la Agencia Antifraude sobre las ayudas al valenciano de los socios del empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
El auto se refiere a este caso concreto, pero marca un precedente ya que estima que el derecho de los diputados y diputadas está por encima de la confidencialidad de las actuaciones de la agencia.
Eva Ortiz registró en agosto de 2019 un escrito dirigido al presidente de Les Corts para que le fuera trasladada una copia íntegra del expediente de investigación incoado por la Agencia Antifraude por las ayudas de fomento al valenciano. Amparó su petición en el artículo 12 del Reglamento de la Cámara y lo justificó en la presentación de una denuncia por supuesto falseamiento de contenidos en la justificación de la concesión de ayudas.
En octubre de 2019 se obtuvo una respuesta negativa. El director de la Agencia Antifraude indicó que las actuaciones se encontraban sometidas al deber de confidencialidad y reserva. Argumentó que dar traslado de estos expedientes, además de poder suponer incumplimiento de la ley de creación del organismo, pondría en riesgo las subsiguientes actuaciones. La sala estima que la negativa de Antifraude vulnera el derecho a la participación política establecido en el artículo 23.2 de la Constitución y entiende que es de aplicación preferente frente a otras normas autonómicas el Reglamento de Les Corts. A este respecto, hace referencia al artículo 12 del reglamento que indica que se facilitarán copias de la documentación solicitada por los parlamentarios sin distinguir la procedencia. Por todo, el TSJCV considera que la resolución de Antifraude es contraria a derecho y reconoce el derecho de la diputada a la información. Además, condena en costas a Antifraude.
