La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha archivado definitivamente la investigación judicial abierta a Vox por imputar a ciudadanos magrebíes un abuso sexual grupal cometido contra una mujer en una playa de Cullera y por el que habían sido detenidos cinco hombres de nacionalidad española. La sala enmarca el mensaje en la libertad de expresión de un partido político.

El tribunal ha desestimado así el recurso interpuesto por la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía de Valencia contra la resolución del juzgado de Instrucción de Sueca que también acordaba el archivo de este procedimiento. Se trata de la primera resolución de una sala sobre 'fake news' en España.

Tal y como adelantó en exclusiva Levante-EMV en su día, la Fiscalía abrió diligencias a principios de julio de 2019 contra Vox tras un tuit de la formación dirigida por Santiago Abascal que atribuía a «magrebíes» un abuso sexual por el que habían sido detenidos cinco hombres de nacionalidad española.

En concreto, el tuit, publicado en la cuenta llamada 'Vox Noticias', decía: «Lo País, se os ha olvidado un detalle, son cinco magrebíes. Imprescindible puntualizar el origen extranjero de la mayoría de los violadores para que los españoles tomen conciencia del tipo de delincuentes a los que estáis abriendo las puertas y subsidiando con el dinero de todos». El juzgado de Sueca que se hizo cargo del procedimiento decidió archivarlo y la Fiscalía recurrió al alegar que se trataba de una 'fake news' con la que Vox atribuyó «de modo deliberado y torticero» otra nacionalidad a los detenidos; entendía que la resolución judicial se dictó «sin fundamentos» y reclamaba su revocación.

Ahora, la Audiencia lo ha archivado definitivamente. Entiende que aun cuando sea posible considerar el escrito como objetivamente contrario a un determinado grupo de personas por razón de su pertenencia a un colectivo, los hechos no pueden ser perseguidos penalmente por estar amparados por el derecho a la libertad de expresión. La sala afirma que el contenido es «claramente ofensivo» desde el punto de vista objetivo, sin embargo, el perjuicio «se diluye» por cuanto no va dirigido contra personas concretas --identificadas o identificables--, sino contra todo un grupo étnico.

La afirmación, continúa, se hace «sin ninguna base científica o estadística», y aún sin tratar de reducir el desvalor de la conducta, "no puede prescindirse del hecho de que sería más difícil de justificar, desde la perspectiva de la protección del derecho a la libertad de expresión, unas acusaciones dirigidas contra personas determinadas». A su entender, la «absoluta generalidad del mensaje» lo descalifica por sí sola. A su vez, el hecho de que no se acompañe la información con un dato científico o estadístico o una información periodística, le resta credibilidad, «por lo que reduce su capacidad de atacar la dignidad de los afectados», considera.