El PPCV ha presentado un nuevo recurso contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras denegarle la Conselleria de Economía el expediente administrativo relacionado con la denuncia formulada por concertación de precios por la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació contra Comunicació dels Ports, participada por Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig, y otras tres empresas.
Así lo explicó ayer ante los medios la portavoz adjunta del PP en lass Corts, Eva Ortiz, quien explicó que ha recibido una contestación de Economía en la que se le deniega la documentación alegando que ya hay un expediente sancionador abierto contra las mercantiles Comunicació dels Ports SA, Kriol Produccions SL, Canal Maestrat SL y Visualitza SL por supuestas conductas prohibidas e el marco de la licitación pública para la contratación del servicio de recursos audiovisuales lanzada por la radiotelevisión valenciana, expediente que está en fase de instrucción. La respuesta, firmada por el subsecretario de Economía, Natxo Costa, el 11 de mayo, señala que no se puede trasladar esa documentación porque se podría poner en riesgo el derecho de defensa de las partes interesadas y los derechos de terceros al revelar información sensible aportada.
Posible pacto de precios
Ortiz recuerda que À Punt denunció ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) un posible pacto de precios en una licitación de 323.000 euros ante posibles irregularidades y pacto de precios entre Comunicación dels Ports, Kriol y Canal Maestrat y por ello solicitaron copia de los expedientes el pasado mes de enero pero ahora se deniega porque «tienen que proteger a los denunciados».
Subraya Ortiz que se reconoce que hay un expediente abierto, donde se reconoce que se está ejerciendo la potestad sancionadora y que puede haber conductas que podrían ser delictivas e incluso merecer un reproche penal en relación a la posible concertación de precios entre los hermanos presidente y sus socios para hacerse con varios de los 12 lotes de la televisión Pública. Se mostró, además, sorprendida porque en democracia «hay que saber dónde va el dinero de los valencianos y si la televisión pública denuncia que hay un pacto de precios habrá que perseguir a quien lo ha hecho mal».
Recuerda también que la jurisprudencia y el TSJCV «ya ha dicho que a una portavoz adjunta y a una diputada no se le puede negar este tipo de cuestiones, ni su derecho a tener la documentación y ejercer el control parlamentario tal y como marca la Constitución». «Lo deniegan todo cuando se trata de investigar a los hermanos del presidente», se lamenta Ortiz.
