La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha instado a esperar a lo que digan Fiscalía y Juzgado sobre el procesamiento del director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, que ha sido procesado al entender el juez que existen indicios de falta de veracidad en un documento fechado en 2018 en el que el alto cargo aseguró que se habían fiscalizado las ayudas al valenciano concedidas en 2015 y 2016 a dos empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat.

Oltra ha indicado que el juez ya archivó este caso en una ocasión, con el mismo criterio que la Fiscalía, por lo que es «muy relevante» lo que tengan que decir en este momento. «No es lo mismo que la Fiscalía acuse que un partido político sea el único que plantea la acusación», ha argumentado la coportavoz de Compromís, partido al que también pertenece el alto cargo procesado.

Por ello, preguntada por si es partidaria del cese del director general, ha optado por esperar a lo que finalmente determine el juez, que ha dado un plazo de diez días a las partes para que formulen acusación, pidan el sobreseimiento o excepcionalmente soliciten diligencias complementarias.

En esta línea, ha defendido que no se ha producido un cambio de actitud en el Consell, en relación a las exigencias que planteaban al PP cuando estaban en la oposición, y ha subrayado que «la línea etica no la marcan los tribunales» sino que debe ser «más exigente», hasta el punto de que «hay situaciones en que, a lo mejor, sin haber imputación hay motivos para apartar a una persona de un cargo».

Código ético intacto

«Esto sigue intacto», ha dicho, y ha rechazado entrar en situaciones de otras administraciones «pero es público y notorio que en aquel momento hubo consecuencias y a la persona se le retiraron las competencias». «Por tanto, ha habido consecuencias de una gravedad que no se habían visto en el pasado con casos que todos tenemos en la mente y no voy a repetir», ha dicho.