A falta de una semana para que concluya el estado de alarma y cuando se cumplen, ayer mismo, tres meses desde que el Gobierno de España decretó la situación de excepcionalidad para hacer frente a la pandemia del coronavirus, la Comunitat Valenciana ha registrado cerca de dos mil sanciones diarias, unas 75 a la hora.

Según los datos oficiales, las cifras de propuestas de sanción relacionas con incumplimientos del estado de alarma ya superan las 161.000 en la autonomía contando las impuestas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes de la Delegación del Gobierno, además de las policías locales y la unidad de la Policía Autonómica adscrita a la Generalitat, unas 1.800 al día.

La mayor parte de las sanciones están relacionadas con desobediencia a la autoridad y con incumplimientos de las restricciones que ha impuesto el estado de alarma, entre ellas la obligación del confinamiento en las primeras semanas. En concreto, durante este tiempo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) han tramitado un total de 102.745 propuestas de sanción.

El resto de sanciones hasta las 161.000 han sido practicadas por agentes locales y autonómicos. Se da la circunstancia de que hasta el pasado 25 de mayo, el Ministerio del Interior ofrecía los datos conjuntos de todas las actuaciones, ya que el Gobierno tenía todas las competencias como mando único. Desde esa fecha, la Delegación del Gobierno dispone solo de las cifras de sanciones impuestas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Civismo de los valencianos

Así, la Delegación del Gobierno tramita más de cien mil sanciones que dejan un rastro superior a mil denuncias diarias en estos 90 días de estado de alarma.

En el caso del número de detenidos en la Comunitat Valenciana por vulnerar el estado de alarma, las cifras facilitadas por la Delegación de Gobierno los sitúan en 913, una decena de detenciones diarias en noventa días de estado de alarma que concluirán el próximo fin de semana.

Aunque los representantes de los poderes públicos han alabado en sus discursos el civismo de los valencianos en la respuesta al coronavirus y han señalado la buena predisposición de la mayoría de la ciudadanía para acatar las normas, primero durante el confinamiento y después en las distintas fases de la desescalada, las cifras son importantes. En los primeros días de confinamiento se imponían a diario tantas como en las dos semanas anteriores a la pandemia, fundamentalmente por resistencia a la autoridad y negativa a identificarse.

De hecho, como ya informó este diario, la primera semana de abril, la Comunitat Valenciana era una de las primeras en el capítulo de sanciones en España.

Salvo excepciones, la inmensa mayoría de las propuestas de sanción lo son por infracción al artículo 36.6 de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida «ley mordaza». En todo el año 2018, por citar un ejemplo, en la Comunitat Valenciana se impusieron 954 multas por infracción de este artículo cuando ahora son 15 veces más.

Fuentes de la Delegación del Gobierno que dirige Gloria Calero han señalado a este diario que desde que comenzó el estado de alarma se ha tenido que reforzar el personal dedicado a la tramitación de expedientes ante el aluvión generado por la situación de excepcionalidad. Realmente todos los departamentos relacionados con el estado de alarma y la pandemia se han reforzado, lo que ha provocado una reorganización para dotar de más personal a los asuntos más urgentes.

El estado de alarma cumplió ayer tres meses y se extenderá aún una semana más dentro de la fase 3 avanzada que comienza hoy en la Comunitat Valenciana.