Lo que denuncian, con datos y testimonios, es la punta del iceberg. Solo la punta de la pirámide porque la base es gruesa y permanece invisible. Muy pocos denuncian lo que ocurre en los CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros) ante el miedo a represalias de un sistema opaco, silenciado e invisible. Sin embargo, desde CIEs No llevan una década denunciando la "vulneración de los derechos humanos" en estos centros por lo que exigen su cierre definitivo y la derogación de la ley de Extranjería para que el español sea un sistema de acogida y no de expulsión. La base de su lucha está clara y la repiten sin descanso para que cale en la sociedad: "ningún ser humano es ilegal". Y poco a poco, suman adeptos y visibilizan la lucha.
La muerte de Marouane Abouobaida es el hecho más grave que ha sucedido en el CIE de Zapadores en los últimos años, pero no el único. Y así, cuando se cumple casi un año de su muerte, CIEs No hace público un informe que trata de visibilizar "lo que se intenta ocultar, como las denuncias de violencia policial, el internamiento de víctimas de trata y de menores o los intentos de deportación de personas gravemente enfermas. No se cuenta todo lo que pasa porque la opacidad es intrínseca a los CIE, pero sí que podemos deducir que lo que ocurre en su interior y la falta de interés de las instituciones en evitarlo se debe a que quienes lo sufren son tratados como seres sin derecho a tener derechos". Es la voz del portavoz de la Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones, Adrián Vives, quien lamenta que tras una década de lucha "no hay nada que celebrar" porque lo que está encima de la mesa es una reforma integral de las instalaciones del CIE de Zapadores (que se acometerá en 2020 con un presupuesto de 700.000 euros) y no el cierre definitivo de estas cárceles racistas que criminalizan a quien no ha cometido ningún delito".
Adrián Vives ha sido el encargado de presentar en València el informe CIE de Zapadores: Sin derecho a tener derechos, una radiografía actual de lo que ocurre tras los muros de uno de los lugares más inaccesibles de València. La entidad hace balance tras una década y muestran los datos de los dos últimos años recalcando eso sí, que es fruto de su trabajo diario, de visitas a los internos y a sus familias ante la ausencia de datos oficiales.
El informe refleja, tras casi medio millar de visitas en los dos últimos años, que la mitad de quienes son encerrados en Zapadores tienen menos de 30 años, proceden del Magreb y África subsahariana. «Durante el promedio de 30 días que permanecen recluidos en el CIE no sólo sufren el deterioro de sus instalaciones (constantes averías en el sistema de refrigeración, agua helada o ardiendo, goteras, malos olores y suciedad en los baños€) y las deficiencias de sus servicios (inadecuada asistencia sanitaria, comida escasa y de poca calidad, falta de información sobre su derecho a abogado de oficio y a pedir protección internacional), sino que muchos cuentan haber padecido malos tratos por parte de la policía. En 2019, la Campaña recibió denuncias de 50 internos por trato intimidatorio, degradante o racista. La mayoría no son hechas públicas porque las víctimas temen las represalias (castigos, deportación inmediata), pero en este informe se da cuenta de un par de casos denunciados ante la justicia: uno se archivó porque -según la policía- el denunciante se retractó y el otro fue deportado sin esclarecer lo sucedido», explica el portavoz de la plataforma.
Y añade: «Pero además en algunas de estas personas concurren otros factores de vulnerabilidad que hacen que su reclusión no sólo sea injusta e inmoral sino también ilegal. La Campaña ha identificado en el CIE a 12 mujeres posibles víctimas de trata, algunas menores de edad y en algún caso encerradas al mismo tiempo y en el mismo espacio que sus proxenetas. Varias de ellas fueron liberadas y desaparecieron sin que se tenga constancia de que ninguna autoridad haya dado seguimiento a su situación. En los pasados dos años también hemos atendido a 11 menores de edad; la mayoría fueron liberados tras múltiples gestiones, pero nunca debieron ser encerrados. A a pesar de toda la normativa internacional y nacional que prohíbe tajantemente esta práctica, cada vez es más habitual el internamiento de menores sin haber hecho ningún tipo de prueba médica aunque sus rasgos denoten su minoría de edad. Además, identificamos dos enfermos de VIH cuyas vidas corrían peligro si eran deportados porque no podrían seguir el tratamiento en sus países de origen. Uno fue liberado, pero recientemente le han abierto un nuevo expediente de expulsión; el otro no fue expulsado en el último momento porque se resistió a subir al avión».
Dos cierres por chiches y otro por pandemia
El CIE de Zapadores solo ha cerrado en tres ocaciones. Dos de ellas por una plaga de chiches (dos semanas en 2014 y seis meses en 2016). La tercera es el cierre actual ante una pandemia mundial. El centro tiene capacidad para 156 personas: 132 hombres y 24 mujeres.
Las personas internas son repartidas en 22 celdas para hombres y 4 para mujeres. Las celdas, de 12 metros cuadrados, cuentan con 3 literas, con colchón de plástico y sábanas. "La sensación de agobio es inevitable en tan reducido espacio. No disponen de mobiliario, mesas o sillas, ni taquillas; tan solo una estantería de baldas, donde se puede tener lo imprescindible. El resto de pertenencias, como maleta o ropa, quedan depositadas en una sala aparte, sin seguridad. Cualquier material queda bajo el control de la policía, que lo facilita o no según su criterio; otros materiales (por ejemplo, bolígrafos, lápices y libretas) quedan requisados por la policía porque los considera "peligrosos". Los móviles les son retirados por la noche, desde las 8 de la tarde hasta las 10 del día siguiente, teniendo a menudo grandes dificultades para recargar las baterías por escasez de cargadores", recoge el informe que también denuncia "importantes deficiencias estructurales y otras derivadas del escaso interés de la administración, que no invierte o se despreocupa de repararlas". Al parecer, la falta de agua caliente es una constante en las quejas.
Sin embargo, CIES No exige el cierre del centro, no una reforma "porque entendemos que se produce una vulneración de derechos desde el momento en que se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito y que, por tanto, no han sido juzgadas ni condenadas. Esta reforma anunciada como cualquiera que se lleve a cabo en el futuro sirven únicamente al objetivo de encubrir unas políticas migratorias que reprimen y criminalizan a las personas migrantes, y son contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Por eso, piden la colaboración vecinal y espoeran que más voces se sumen a la causa y le exijan al Gobierno la derogación de la ley de Extranjería y el cierre definitivo de los CIE.
Quienes trabajan con el colectivo migrante recalcan la inexistencia del "efecto llamada" ante modificaciones, mejoras del sistema y regularizaciones porque quienes emprenden el viaje huyen de situaciones de pobreza y violencia porque "y lo seguirán haciendo". Así lo cuenta Thimbo Samb, un joven senegalés que consiguió llegar a Europa en patera tras el cuarto intento.
Sin embargo, Thimbo no obtuvo la acogida esperada. Fue internado en un CIE y su relato avala, punto por punto, la denuncia del informe presentado esta mañana. «18 días encerrado sin ducharme porque no había agua y la sensación de estar en un campo de concentración. Eso son los CIE en una España que es racista, porque aunque moleste oirlo hay que decirlo. En España no es fácil ser negro, ni te alquilan un piso y hay quien se aleja de nosotros cuando caminamos», afirma. Thimbo Samb es hoy es un militante antirracista que llama a la movilización.
