No han cometido ningún delito, pero ante la ausencia de la documentación en regla, la persona migrante es detenida y trasladada al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores. Lo que allí ocurre se desconoce. No hay datos oficiales ni se publicitan estadísticas. Desde la campaña CIEs No denuncian «maltrato policial», racismo «institucional» y una «vulneración constante de los derechos humanos» en estas «cárceles racistas» desde hace una década.
El CIE de Zapadores tiene capacidad para 156 personas: 132 hombres y 24 mujeres. Las personas internas son repartidas en 22 celdas para hombres y 4 para mujeres. Las celdas, de 12 metros cuadrados, cuentan con 3 literas, con colchón de plástico y sábanas. No pueden tener allí sus pertenencias. La princiapl queja es la falta de agua caliente.
El centro ha estado cerrado tres veces. Dos de ellas por plagas de chinches (2014 y 2016) y en la actualidad, por la pandemia. Ahora, la plataforma CIEs No vuelve a alzar la voz para que el CIE de Zapadores (y el resto de los de España) pase a la historia y nunca más vuelva a abrir. Sin embargo, lo que está prevista es una reforma integral por 700.000 euros.
CIEs NO presentó ayer el informe «CIE de Zapadores: sin derecho a tener derechos», una radiografía de lo que ocurre tras los muros de uno de los lugares más inaccesibles de València. El informe refleja, tras casi medio millar de visitas en los dos últimos años, que la mitad de quienes son encerrados en Zapadores tienen menos de 30 años, proceden del Magreb y África subsahariana. En 2019, la campaña recibió denuncias de 50 internos por trato intimidatorio, degradante o racista. La mayoría no son hechas públicas porque temen represalias.
