El Gobierno dio ayer un balón de oxígeno al sector del automóvil con la presentación de un plan de ayudas que se hacía de rogar mientras países de gran peso en esta industria, como Francia o Alemania, ya desplegaron sus iniciativas hace semanas.

El programa, dotado con 3.750 millones (1.535 este año y 2.215 millones más entre 2021 y 2022), atiende la urgencia de la situación, con una industria necesitada de agitar la demanda de forma inmediata. Pero también se arbitran ayudas a medio plazo para desarrollar nuevos modelos y renovar una industria en decidida transición hacia los nuevos modelos de movilidad que demanda el mercado, básicamente híbrida y eléctrica, y que está provocando una dolorosa reestructuración.

Un mensaje de país, en definitiva, a unos fabricantes (todas las factorías españolas son de bandera extranjera, ya sea francesa, alemana, o norteamericana, en el caso de Ford), que acaban de demostrar lo fácil que es cerrar una planta, como ha hecho la japonesa Nissan en Barcelona.

El plan fue celebrado por todas las patronales de la industria, y presentado con toda solemnidad por el presidente Pedro Sánchez, acompañado de los ministros de Industria, Transición Ecológica, Fomento, Economía o Ciencia.

A falta de conocer el detalle de las ayudas, préstamos y medidas fiscales para incentivar la investigación e inversiones en nuevos modelos híbridos o eléctricos, la medida más atractiva es el plan de 350 millones para la renovación del parque móvil, a la que puede acceder toda la ciudadanía.

En concreto, cien millones van dirigidos exclusivamente a la movilidad eléctrica y sostenible (plan MOVES). Junto a esto se presupuestan 250 millones para la sustitución de vehículos, y se hace extensible a todo tipo de motores. Eso sí, primando los menos contaminantes y siempre que se envíe un coche antiguo al desguace.

Las ayudas se dirigen a la compra de turismos de hasta 35.000 euros; 45.000 si tienen la etiqueta CERO, los menos contaminantes, básicamente eléctricos e híbridos enchufables. Estos se beneficiarán de ayudas de hasta 4.000 euros, y el sector debe descontar otros mil. En el caso de los turismos de combustión tradicional, las ayudas no superarán los 800 euros, y el sector aportará la misma cantidad.

En lo que respecta a Ford Almussafes, el plan se veía ayer con esperanza, tal como trasladó la patronal Anfac. Para la plantilla, estas ayudas directas a la compra pueden ser un «impulso adicional» a la nueva versión del Kuga, que acaba de salir al mercado con gran éxito en Europa, y también posiblemente a la versión híbrida del Mondeo, y a las del S Max y el Galaxy que empezarán a fabricarse en septiembre, señaló el presidente del comité de empresa, Carlos Faubel.

No obstante, todo apunta a que algunas versiones que se fabrican en Almussafes, como la de gasolina del Kuga, podrían quedarse fuera de los incentivos. Se ha puesto el límite en la emisión de 120 gramos de CO2 por kilómetro, un umbral bajo para un vehículo del volumen del Kuga. Ayer la compañía estudiaba el impacto de esa limitación.

Cabe destacar, en todo caso, que el nuevo Kuga se dirige básicamente a la exportación y que la versión estrella, el híbrido enchufable (PHEV), obviamente sí que entra en las ayudas.

El diseño del plan ha sido escenario de una batalla entre las posiciones del Ministerio de Industria y el de Transición Ecológica, partidario de condicionar las ayudas hacia las nuevas tecnologías, híbridas y eléctricas, que de hecho se llevan los mayores incentivos, cinco veces más.

El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en las últimas semanas en exigir al Gobierno que estas ayudas tengan en cuenta todas las motorizaciones, diésel y gasolina incluidos, pensando obviamente en Ford, y atendiendo a las mejoras que han reducido su contaminación. La disparidad de criterio también se observa dentro del Botànic: «Si en 2040 las matriculaciones serán únicamente de vehículos libres de emisiones me parece obvio que los planes de impulso del presente y futuro únicamente se dirijan a vehículos libres de emisiones. Lo que vendría a ser una inversión y no un derroche. Y no estamos para derroches», sostenía ayer la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà.

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