La sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula parte del decreto de la Generalitat sobre el uso del valenciano en la administración ha vuelto a situar la lengua autóctona en punto de conflicto político y social. Ayer se sucedieron las reacciones (críticas o de apoyo) a la resolución judicial, mientras el Consell anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. La Conselleria de Educación subrayó que la resolución del Supremo «afecta al autogobierno porque niega que la C. Valenciana tenga competencia para determinar y regular el alcance y los efectos de la lengua cooficial».
La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) fue especialmente severa en su valoración del fallo. «Constituye un grave ataque a nuestra lengua». Incluso calificó de «disparate inadmisible» que la relación entre comunidades que comparten idioma (en referencia a Cataluña y Baleares) sea «obligatoriamente» en castellano.
El presidente catalán, Quim Torra, también reaccionó y ayudó a calentar el debate, porque PP y Ciudadanos le contestaron. Torra afirmó que acatar la sentencia sería «aceptar una burla». La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, replicó que «las sentencias se cumplen» y Toni Cantó (Cs) afirmó que «no es ninguna novedad que los golpistas no quieran cumplir las leyes ni las sentencias».
En esa línea, el CSIF dijo que el fallo consagra que «no debe imponerse» una lengua oficial sobre la otra, «como hacía el decreto del Consell al hablar del valenciano como lengua destacada».
En la parte contraria, Compromís califica la sentencia de «ataque frontal al autogobierno» y «un atropello en toda regla de los derechos de los valencianohablantes», según Nathalie Torres. «El poder judicial borbónico está cada día más lejos de la realidad valenciana», añadió Josep Nadal.
El STEPV, que presentó recurso ante el TS, considera «muy grave» su decisión, que muestra «la deriva autoritaria del poder judicial contra el autogobierno». La Federació Llull, integrada por Acció Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural y Obra Cultural Balear, ve una «regresión centralista del Estado» en la resolución. En el ámbito catalán, la CUP y los comunes también protestaron.
