La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y el Institut d'Estudis Catalans (IEC) coincidieron ayer en manifestar su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma la anulación de varios artículos del decreto del uso del valenciano en la administración autonómica.
La institución normativa oficial del valenciano lamentó en un comunicado que el fallo es «contrario a la normalización de la lengua» y aseguró que su contenido «hace evidente que hay una necesidad urgente de establecer el requisito lingüístico de acceso en la función pública para poder garantizar el derecho de todos los valencianos a ser atendidos y recibir los escritos administrativos en su lengua preferente».
Para el IEC, por su lado, el pronunciamiento judicial demuestra «una animadversión ancestral, por parte de alguna de las más altas instituciones estatales, contra la lengua compartida por una cuarta parte de la población del Reino de España» y va «contra toda evidencia» de que «el valenciano y el catalán son la misma lengua, como reconoce la comunidad científica y el Constitucional».
La sentencia despertó más reacciones en el ámbito político. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, afirmó ayer que el Supremo «se ha apartado de una línea jurisprudencial de décadas» y emplazó al Constitucional a «poner en orden» este hecho. El presidente del Govern, Quim Torra, pidió a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y al de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, mantener la comunicación en catalán entre sus administraciones «con la naturalidad que nadie debería querer alterar».
«No favorece el entendimiento»
Desde el PSPV también mostraron su malestar con un fallo que, a juicio del síndic socialista en las Corts, Manuel Mata, «no favorece el entendimiento». Para el diputado, en el uso de la lengua «se debe huir de los dramas y las situaciones incómodas» para generar «espacios de libertad y de tranquilidad», remachó.
