La Fiscalía Anticorrupción impulsará en los juzgados la suspensión cautelar de las tareas de los funcionarios públicos investigados en casos de corrupción hasta que la sentencia, condenatoria o absolutoria, sea firme. La medida busca blindar este tipo de investigaciones, pues en muchos casos son los propios funcionarios bajo sospecha los que trasladan la información o expedientes de contratación que requieren los juzgados durante la investigación.
Anticorrupción ya ha apoyado una medida cautelar en este sentido para apartar de sus funciones a un trabajador público del Ayuntamiento de València imputado por delitos continuados de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas en la causa que investiga una presunta red de cobro comisiones en la gestión de la basura. El juzgado ha aceptado la petición y la Audiencia de València tendrá la última palabra si el afectado presenta un recurso.
Es la primera vez que un juzgado acuerda una medida cautelar de esta naturaleza. Hasta ahora, los jueces han anulado todas las suspensiones de empleo y sueldo de trabajadores públicos inmersos en estos procedimientos judiciales. ¿El motivo? Han considerado que una medida tan gravosa no puede aplicarse hasta que la sentencia sea firme. Pero Anticorrupción ha encontrado la mirilla por la que asomarse: el artículo 98 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Este artículo establece que la suspensión provisional podrá acordarse durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo.
El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Pero solo cobrará el salario base sin los complementos.
En el caso de que los funcionarios investigados sean condenados en firme, el empleado público deberá devolver el salario percibido desde que el juzgado acordó la medida cautelar. En cambio, si el caso acaba en absolución, la Administración de la que depende deberá restituir al funcionario la diferencia entre el sueldo base y los complementos que no haya percibido.
Menor perjuicio posible
Desde Anticorrupción consideran que es perfectamente factible la suspensión de funciones del empleado público que se encuentra inmerso en un proceso penal por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de su cargo, siempre y cuando se respeten las condiciones del Estatuto Básico. El fin es causar el menor perjuicio posible al investigado para que los juzgados autoricen la medida cautelar.
En el caso concreto de la trama de la basura de València, el funcionario investigado es José Luis Vayá, en el momento de los hechos jefe de servicio de la Emtre (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos). Según la denuncia inicial, creó con otros dos interesados SMV, una firma contratista, e intervino para que su facturación pasara de 70.000 euros a 2,2 millones entre 2011 y 2016. El concejal Sergi Campillo trasladó los hechos a la Fiscalía y Anticorrupción asumió el caso.
Pruebas en peligro
La Emtre, personada en la causa, planteó la medida cautelar y el ministerio fiscal se sumó a la petición. En su informe, la fiscal Anticorrupción Virginia Abad advirtió de que «mantener al funcionario público en su puesto de trabajo, con acceso pleno a toda la documentación de la entidad, podría poner en peligro la aportación de la prueba que fuese necesaria, perjudicando gravemente el curso de la investigación y, por ende, impidiendo garantizar al perjudicado y a los intereses públicos en conflicto la protección que merecen».
Anticorrupción dirige varias investigaciones en las que figuran imputados funcionarios. El juez del caso Taula ha imputado recientemente al vicesecretario del Ayuntamiento de Xàtiva, Eduardo Balaguer, y a un puñado de trabajadores municipales. También figuran como investigados varios funcionarios de la diputación.
