La sesión de control en las Corts ha tenido momentos de alta tensión esta mañana cuando la extrema derecha de Vox "ha verbalizado la política del odio" (en palabras del jefe del Consell, Ximo Puig) y ha acusado al Ejecutivo de "dejar morir a los ancianos solos y abandonados" en residencias. La síndica de la formación ultra, Ana Vega, ha atribuido al vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) la frase "Que se mueran los viejos, que votan al PP" para cargar contra la política de la Generalitat. Vega ha pedido la dimisión de las conselleras Ana Barceló y Mónica Oltra por su gestión en Sanidad y las residencias. "Llegar a decir que este gobierno ha dejado morir a los mayores es tremenda injusticia", ha respondido Puig en el tono más enfadado de la mañana.

En una línea similar, otra diputada de Vox, Llanos Masó, ha sacado al debate la manifestación del 8M y ha asegurado que la marcha "ha provocado 60 veces más muertes que la violencia de género en la Comunitat Valenciana". Oltra le ha contestado que la investigación sobre el delegado del Gobierno se archivó y ha acusado a la extrema derecha de querer "criminalizar el feminismo".

El pleno ha perdido (ya se vio en sesiones anteriores) el clima de concordia que se destapó en la primera reunión de la diputación permanente en plena pandemia. La síndica del PP, Isabel Bonig, ha reprobado "la nefasta gestión" de la crisis sanitaria, si bien ha mantenido la mano tendida y ha anunciado una proposición de ley para, entre otras cosas, blindar por ley el gasto sanitario.

Puig ha respondido con el anuncio de que el Consell estudia cómo compensar económicamente a "los que han dado la cara por nosotros", en referencia a empleados de la sanidad y atención social y emergencias. No ha concretado más, si bien parece que se trataría de un pago único, pero no está claro el número de beneficiarios, el importe o el concepto retributivo. Está por ver si podría utilizarse con ese fin el ingreso de más de 1.450 millones procedente del fondo covid del Gobierno.

Puig ha subrayado que el PP deje de hablar en su propuesta de la privatización de la Sanidad y ha aireado que el gasto per cápita en atensión sociosanitaria en la C. Valenciana ha crecido más que en el resto de autonomías: un 20,5 % en 2018 con respecto a 2014 , mientras que se redujo un 9 % entre 2009 y 2014.

En todo caso, el PP ha dirigido su atención a las ayudas al valenciano, al auto de procesamiento del director general de Política Lingüística y a los presuntos beneficios a la familia de Puig. El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha leído un fragmento de la citada resolución que señala la "falta de indicios propios a un ilícito penal". "Todo lo que hemos hecho en la conselleria está bien" y en ninguna de las empresas señaladas (las del hermano de Puig) se ha detectado irregularidades en las ayudas al valenciano, ha observado. "Dejen de desgastar al director general", ha concluido.

Lejos del discurso de PP y Vox se ha mostrado Ciudadanos, en la tónica de últimos plenos, con la pandemia. Su portavoz, Toni Cantó, que ha hablado de mala gestión y falta de previsión, ha pedido un "gran pacto valenciano por una sanidad alejada de vaivenes políticos".

La posibilidad de nuevas alianzas ha vuelto un pleno más al pleno. Fran Ferri (Compromís) ha deslizado: "No podemos renunciar a los ejes del Botànic" por nuevas alianzas. Puig ha insistido en que "no es incompatible el diálogo con los objetivos del Gobierno del Botánic".