Si uno tiene el día optimista y borra declaraciones de los ultras rayando la infamia y acusaciones construidas para el desgaste y la destrucción, lo que queda de la sesión de control de ayer en las Corts es el abrazo de la derecha a una idea que no es nueva para la izquierda gobernante: asegurar la sanidad pública. El PP propone hacerlo mediante una ley. Ciudadanos pide un pacto. Ahora solo falta que todos se pongan de acuerdo y de los fuegos de artificio se pase a los hechos.
El PP ejercitó lo que llama «lealtad crítica». Con una mano (la tendida), Isabel Bonig anunció una proposición de ley para, entre otras cosas, «blindar por ley el gasto sanitario», de manera que «ningún gobierno podrá minorar créditos para Sanidad». Con otra (cerrada), acusó al Consell de «almacenar» querellas por su «nefasta gestión» de la pandemia y de racanear con los salarios de los sanitarios mientras subvenciona «las fosas de la memoria histórica». Y dio paso a Eva Ortiz para que hincara colmillo con su denuncia a las ayudas al valenciano y los presuntos beneficios al hermano de Ximo Puig que ha deparado, de momento, en un auto de procesamiento del director general de Política Lingüística. El conseller de Educación, Vicent Marzà, respondió con un fragmento de la citada resolución que señala la «falta de indicios propios a un ilícito penal». Afirmó que en ninguna de las empresas señaladas (las del hermano de Puig) se ha detectado irregularidades. «Dejen de desgastar», sentenció.
Mientras el PP jugaba a dos manos, Vox no se salió de su carril. La manifestación del 8M «ha provocado 60 veces más muertes que la violencia de género en la Comunitat Valenciana», dijo Llanos Masó. Y Ana Vega acusaba al Consell de «dejar morir a los ancianos solos y abandonados» en residencias. Puig le respondió enfadado: «Ha verbalizado la política del odio».
La tercera pata de la oposición se movió entre críticas demoledoras y gestos de complicidad. Así, Toni Cantó (Cs) denunció «mala gestión y falta de previsión», al tiempo que agradeció el apoyo a su propuesta de bono vacacional para los sanitarios y pidió un «gran pacto valenciano por una sanidad alejada de vaivenes políticos».
El blindaje de la sanidad es un mensaje conocido para el Botànic. Los tres partidos de izquierdas incluían garantizar las partidas sociales del presupuesto en un acuerdo en diciembre de 2017. También incide en esa idea una propuesta aprobada en las Corts hace un mes. Si el tripartito, PP y Cs comparten el fondo, no debería ser difícil un acuerdo.
Puig puso de relieve que el PP no habla ahora de privatizaciones sanitarias. El anuncio del día fue que el Consell estudia cómo compensar económicamente a al personal en primera línea, en referencia a empleados de la sanidad, atención social y emergencias. No concretó más. Solo se sabe que se trataría de un pago único. El número de beneficiarios, el importe o el concepto retributivo están por definir. Puig aireó además como defensa que el gasto per cápita en atención sociosanitaria en la C. Valenciana ha crecido más que en el resto de autonomías: un 20,5 % en 2018 con respecto a 2014, mientras que se redujo un 9 % entre 2009 y 2014 (etapa PP).
No faltaron los mensajes entre socios. Fran Ferri (Compromís) llamó a no renunciar a los ejes del Botànic por nuevas alianzas (alusión a Cs). «No es incompatible el diálogo con los objetivos del Gobierno del Botànic», replicó Puig.
