La totalidad del personal de la función pública de la Generalitat regresa el próximo lunes al trabajo presencial con medidas de distanciamiento y flexibilidad horaria, según ha informado la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo.
Esta medida tendrá efecto a partir de este lunes, 22 de junio, y contempla las medidas de seguridad, distanciamiento y flexibilidad horaria para evitar concentraciones de personal en las dependencias públicas.
Por ello, se dejan sin efecto las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno valenciano durante la vigencia del estado de alarma, sobre la actividad presencial en los centros de trabajo de la Administración y que fueron de un 10 % al principio hasta el 85 % actual durante la fase 3. La norma establece que a partir de este 21 de junio, la totalidad del personal al servicio de la Administración deberá incorporarse a la actividad presencial en su correspondiente centro de trabajo. No obstante, serán las subsecretarías de cada conselleria las encargadas de que se cumplan los criterios relativos a la adopción de medidas de ventilación, limpieza y desinfección con arreglo a las dimensiones de los centros de trabajo, así como a la afluencia de público.
También la puesta a disposición de las plantillas agua, jabón, geles hidroalcohólicos, y desinfectantes para la limpieza de manos; la ordenación de los puestos para que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros entre el personal (si tal medida no fuera posible a causa de las restricciones del espacio, se proporcionarán Equipos de Protección Individual (EPI) a los trabajadores); y la flexibilización de horarios de entradas y salidas.
La disposición también contempla que las personas pertenecientes a grupos más vulnerables a la COVID-19 podrán solicitar al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) la emisión de un informe de evaluación que determinará si procede o no la incorporación del interesado a su puesto de trabajo.
La norma regula que, a partir de este lunes, se primará la atención telefónica y telemática en los servicios de atención al público. En caso de atención presencial, será necesaria la cita previa y se limitará el aforo en las dependencias públicas.Además, se evitarán, en la medida de lo posible, las reuniones presenciales o que impliquen desplazamientos a otras localidades, por lo que se apostará por la celebración de videoconferencias.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado que "la disposición incluye todas las medidas de seguridad necesarias para que la vuelta al trabajo presencial no suponga riesgo alguno para la salud del personal al servicio de la Generalitat".
Además, la consellera ha anunciado que se va a elaborar, "junto a los sindicatos", una regulación del teletrabajo "que supere la normativa actual que se ha revelado insuficiente ante la nueva situación impuesta por la COVID-19 y con ella daremos respuesta a las necesidades derivadas de la adecuada prestación de los servicios públicos con las medidas de seguridad sanitaria y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las plantillas autonómicas", ha concluido
Críticas del CSIF
El sindicato CSIF ha denunciado en un comunicado la "imposición" que supone la propuesta que obliga a la reincorporación presencial del 100 % del personal de Administración del Consell a partir de la próxima semana. La central sindical lamenta que mientras la Administración del Estado ha llegado a un acuerdo para organizar el teletrabajo, la consellera "va por libre en las decisiones que afectan a sus trabajadores e impone su criterio".
La decisión de la consellera constituye, según CSIF, "una falta de respeto hacia el personal a su cargo y demuestra un enorme desconocimiento de la gran respuesta de los empleados públicos en la crisis". El sindicato hace hincapié en su postura "contraria a esta imposición", que, "además de perjudicar la conciliación en un verano anormal, va a poner en riesgo la salud de los funcionarios si surgen eventuales rebrotes". Ante esta situación la central sindical realizará una evaluación detallada de las medidas de seguridad adoptadas y apercibe "a los responsables de las acciones jurídicas correspondientes en su caso".
CSIF considera que esta disposición "vulnera los derechos de los trabajadores de la administración del Consell, les expone innecesariamente a un posible contagio y pudiera ser constitutivo de una infracción penal, ya que nuestro vigente Código Penal contempla una serie de conductas, tipificadas como delitos, con el objeto de proteger el derecho constitucional de los trabajadores a la vida, la salud y la integridad física en el desarrollo de su actividad laboral. En este sentido castiga aquellas conductas que omiten los medios necesarios para que desempeñen su actividad con las medidas requeridas".
