La Generalitat Valenciana convocó ayer a todos los funcionarios para que se reincorporen a sus puestos de trabajo el próximo lunes. Y los sindicatos se rebelaron tras el anuncio al considerar que se trata de una medida «impuesta» por la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo.
La decisión se tomó en el pleno del Consell de ayer sin acuerdo con los sindicatos, según denunciaron distintas organizaciones. El sindicato más crítico fue el CSIF, mientras que CC OO lamentó que la Ccnselleria no apueste por una verdadera modernización con el teletrabajo en el ámbito de la Justicia.
El anuncio pilló por sorpresa a trabajadores y sindicatos. En cambio, desde la Conselleria respondieron que el pasado 8 de mayo ya se informó de que, con la vuelta a la nueva normalidad y el fin del estado de alarma, las personas que trabajan para la Administración autonómica se reincorporarían a sus puestos.
Según la nota difundida ayer por la Generalitat, el Consell dejó ayer sin efecto las medidas extraordinarias tomadas durante la vigencia del estado de alarma respecto a la actividad presencial en los centros de trabajo de la Administración y que fueron de un 10 % al principio hasta el 85 % durante la fase 3.
Las subsecretarías de cada conselleria serán las encargadas de que se cumplan a partir del lunes los criterios relativos a la adopción de medidas de ventilación, limpieza y desinfección con arreglo a las dimensiones de los centros de trabajo, así como a la afluencia de público.
También deberán garantizar la puesta a disposición de las plantillas agua, jabón, geles hidroalcohólicos, y desinfectantes para la limpieza de manos; la ordenación de los puestos para que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros entre el personal (si tal medida no fuera posible a causa de las restricciones del espacio, se proporcionarán Equipos de Protección Individual (EPI) a los trabajadores); y la flexibilización de horarios de entradas y salidas.
Sin embargo, al anunciarse la vuelta al trabajo presencial ayer, varias consellerias han trasladado las dificultades para reorganizar equipos y horarios -se contempla un turno partido de mañana y tarde para evitar aglomeraciones- durante este fin de semana.
Mientras, las personas pertenecientes a grupos más vulnerables a la covid-19 podrán solicitar al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) la emisión de un informe de evaluación que determinará si procede o no la incorporación a su puesto.
Bravo aseguró que la orden «incluye todas las medidas de seguridad necesarias para que la vuelta al trabajo presencial no suponga riesgo alguno para la salud del personal». Además, anunció que se va a elaborar «junto a los sindicatos» una regulación del teletrabajo «que supere la normativa actual que se ha revelado insuficiente».
Mientras, el CSIF lamentó que mientras la Administración del Estado ha llegado a un acuerdo para organizar el teletrabajo, la consellera «va por libre en las decisiones que afectan a sus trabajadores e impone su criterio». Anunció acciones judiciales.
