La Audiencia ordena juzgar a la ex cargo del PP que ayudó a copiar en una oposición

Las acusadas irán a juicio por urdir una «maquinación fraudulenta» en un examen

Juan Nieto Ivars VALÈNCIA

22·06·20 | 04:15

0
Noticia guardada en tu perfil
Ver noticias guardadas

El caso de la ex alto cargo del PPCV que fue sorprendida ayudando a copiar a una amiga en una oposición llegará a juicio. La Audiencia Provincial de València ha ordenado sentar en el banquillo a la ex directora general de Función Pública entre los años 2012 y 2015, Ana Brugger, por presuntamente escribir y entregar a una de las aspirantes las preguntas de un examen para una oposición.

Además, también será juzgada la aspirante supuestamente beneficiada, María Gonzálbez, quien ahora trabaja como asesora de Vox en el grupo parlamentario de las Corts. La Fiscalía solicita tres años de inhabilitación y multa de 20.000 euros para Ana Brugger por escribir las preguntas. Mientras, CGT, el único sindicato que ha denunciado los hechos, pide seis años de prisión para Brugger y tres para Gonzálbez por un presunto delito de falsedad documental.

Así consta en una resolución de la sección tercera de la Audiencia de València, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, por la que estima los recursos de las acusaciones y rechaza los argumentos de las defensas planteados en apelación.

Según razona el tribunal, las diligencias practicadas «ponen de manifiesto una maquinación fraudulenta para superar un examen de oposición para el Cuerpo Superior de la Administración General de la Generalitat, con el beneficio económico que reporta la superación de dicha oposición, en la que intervienen las investigadas Ana Brugger y María Gonzálvez ». La primera, afirma la Audiencia, «facilitando notas esenciales para resolver un tema del examen a la segunda, y ésta redactando la respuesta copiando dichas notas que no obstante quedó en un mero intento al ser descubiertas por una de las encargadas de la vigilancia de la prueba».

En consecuencia, concluye la resolución, «al menos indiciariamente existen elementos de juicio suficientes e idóneos que justifican el trámite procesal acordado en el auto apelado».

La Fiscalía acusa a las dos procesadas de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función, mientras que CGT cree que se trata de una falsedad.

Ambas cuestionaron que cada acusación plantee un tipo distinto del Código Penal. La Fiscalía de València alegó que la diferencia en la calificación no implica ninguna duda sobre la existencia de delito.

«Resulta no obstante perfectamente válida tal discrepancia llegando a dotar de mayor amplitud el conocimiento de la repercusión jurídica del hecho imputado que en todo caso es idéntico, permitiendo al tribunal la aplicación adecuada del tipo penal infringido correspondiente al hecho enjuiciado», defendió la Fiscalía.

La aspirante a la plaza que convocó la Generalitat también alegó que copiar en un examen no es delito. En concreto, según consta en el recurso de Gonzálvez, la defensa manifestó que «no es constitutivo de delito ni copiar en un examen, ni el hecho de que un funcionario averigüe a través de su teléfono móvil datos sobre una de las respuestas de un examen, una vez publicadas las preguntas del mismo (y no antes), y facilite dichos datos a un opositor».

«Entender lo contrario supondría una interpretación analógica 'extensiva in malam partem', proscrita por el art. 25-1 CE, y 4-1 del CP, y por la pacífica y unánime jurisprudencia que los ha aplicado», subraya el recurso.

Sin embargo, desde CGT rebatieron el argumento y recordaron que se trata de una oposición y no de un examen académico. «Una cosa son los exámenes que un profesor puede usar como medio para que sus alumnos se expresen y se valoren a sí mismos; o como medio para estimar su progreso o sus conocimientos», recuerda.

«Y otra cosa es que se abra un procedimiento para seleccionar por un método objetivo establecido en las bases de la convocatoria, a los que de acuerdo con esas bases, lo merezcan. La prueba escrita que, según la instrucción, ha sido falsificada no es un ejercicio escolar», concluye el sindicato.