Un joven valenciano cuya madre, trabajadora sanitaria, ha sido víctima del Covid-19, ha impulsado «Derecho a la verdad» una plataforma de afectados por el coronavirus s «cuyo objetivo será conseguir una indemnización justa para todas las personas físicas y jurídicas afectadas por las decisiones de la administración responsable durante el pasado estado de alarma en España». Según explica Mariano Durán, impulsor del proyecto, «España ha sufrido con más dureza que ningún otro país la crisis económica, social, humana y sanitaria provocada no sólo por el coronavirus sino también por la inoperancia de nuestros administradores públicos o simplemente por la consecuencia directa de sus decisiones, lo que sin duda genera una responsabilidad patrimonial del Estado en muchos ámbitos». Durán recuerda que para exigir la responsabilidad patrimonial de la administración basta con que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. «La condición necesaria es que los perjuicios deben tener por causa la actuación o la omisión de una actuación de la Administración Pública», subraya. Derecho a la Verdad está dirigido a familiares de personas que han fallecido sin recibir las atenciones necesarias, contagiados al no poder contar con el material adecuado o empresas que han tenido que cerrar, explica Durán. v. c. m. valència
