El personal sanitario ya no puede pedir un taxi a costa de las arcas publicas para ir a hacer una visita a un paciente covid-19. Esta es la protesta que ayer lanzaron desde el sindicato médico CESM-CV después de que la Dirección General de Recursos Humanos notificara a los centros de salud el pasado viernes que el contrato especial que se hizo con las compañías de taxi para ocuparse de las visitas a domicilio o a residencias por la pandemia dejaba de estar vigente al acabar el estado de alarma. Profesionales de Atención Primaria se han quejado al sindicato ya que consideran que la medida debería haberse extendido ya que, aunque la incidencia es ahora mucho menor, aún se tienen que hacer servicios a domicilio «y el equipo que debemos llevar pesa muchos kilos y debemos exponer a nuestros propios vehículos a una contaminación por el coronavirus», se quejaban. «Es un varapalo, otro más, para los profesionales de la Atención Primaria, sobre todo con un gasto que no era demasiado elevado y que vemos como un gesto de ingratitud», se quejaba ayer Vicente Sanmartín, delegado de Atención Primaria de CESM-CV.

La anulación del contrato especial de taxi por la pandemia vuelve a poner en la palestra el problema de movilidad de los profesionales de los centros de salud. La Conselleria de Sanidad se comprometió a dar solución hace meses -obligado por Inspección de Trabajo- después de que los sindicatos criticaran que se optara por los vehículos particulares al denegar el traslado en ambulancias como se hacía hasta ese momento. La administración compró un centenar de vehículos sin conductor que se repartieron en varios de los centros de salud con mayor dispersión geográfica pero, en los de la capital, a quien no quería o podía usar su coche particular, se seguía dando la opción de coger un taxi, opción que se amplió con motivo de la pandemia y que, según otros sindicatos, no se debería haber visto afectado ahora.