A una semana de que arranque el juicio por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante y dos después de que un tribunal haya anulado en Elx todas las escuchas telefónicas que dieron inicio al llamado caso Brugal, el empresario Enrique Ortiz ha dado por rotos los acuerdos alcanzados con la Fiscalía Anticorrupción y todas las acusaciones, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. El pacto se firmó hace poco más de dos meses y, en él, Ortiz se declaraba culpable de los delitos de cohecho y tráfico de influencias por haber pagado dádivas a las máximas autoridades municipales de la ciudad para amañar el futuro planeamiento urbanístico. En el acuerdo ahora revocado, aceptaba una condena de dos años de cárcel y el pago de una indemnización cercana al millón y medio de euros.
El promotor ahora se declara inocente y ha comunicado al tribunal que le juzga a partir del martes que no ratificará estos acuerdos, a través de un escrito presentado ayer por la mañana en la Audiencia Provincial de Alicante por su abogado, Francisco Ruiz Marco. A pesar de la marcha atrás, el empresario sí terminó de ingresar los 1.390.000 euros que cubren su responsablidad civil en los hechos y que, en el caso de una hipotética condena, supondrían una rebaja de la pena por una atenuante de reparación del daño.
Junto a Ortiz se sientan en el banquillo los exalcaldes de Alicante por el PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Para cada uno de ellos se reclaman penas que suman diez años de prisión. En el banquillo se sentarán también los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa) y Javier Gutiérrez, que en su día fue también concejal por el PSOE.
A la marcha atrás de Ortiz se ha sumado un hermano del promotor, Virgilio, así como uno de sus empleados de confianza, Santiago Bernáldez, que en esos mismos pactos también se conformaron con una pena de tres meses de cárcel al admitir que entregaron cantidades de dinero en efectivo en casa de Díaz Alperi.
El único que, en principio, va a mantener el acuerdo firmado con la Fiscalía es el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, que el pasado febrero se conformó con una pena de tres meses de prisión al admitir que pagó 116.000 euros por conseguir que le recalificaran suelo que no era urbanizable en el PGOU. En su declaración judicial, Salvador llegó a validar las escuchas en las que aparecía en el caso Brugal, alguna de ellas comprometedora para el empresario Enrique Ortiz.
Calendario
El juicio por los presuntos amaños del Plan General de Alicante va a comenzar el martes 30 de junio en la Audiencia de Alicante con una vista dedicada a que las defensas planteen las cuestiones previas, es decir, el momento en el que se tiene que resolver si los pinchazos telefónicos en los que se basó el caso son o no nulos. El martes es el turno de las defensas y, una semana más tarde, el 7 de julio, será el momento para que el fiscal y el resto de las acusaciones, que ejercen Esquerra Unida y el Ayuntamiento de Alicante, repliquen y defiendan la validez de las intervenciones telefónicas. El tribunal suspendería la vista hasta el 23 de septiembre para analizar los argumentos de las partes.
Los efectos de la sentencia del caso Brugal en Elche se han dejado sentir en este proceso, ya que ese tribunal ha absuelto a los 34 acusados de una supuesta trama de sobornos en la contrata de las basuras del Ayuntamiento de Orihuela al anular todas las escuchas en las que se basó el caso. Esas mismas intervenciones telefónicas se utilizaron también para investigar los supuestos amaños del Plan General de Alicante.
El caso Brugal se dividió hasta en una veintena de piezas separadas que se repartieron en distintos juzgados de la provincia. La mayoría de ellas quedaron archivadas, aunque junto con la del PGOU aún quedan por juzgar otras importantes ramas del proceso: las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de la Vega Baja para ubicar el vertedero para esa comarca y en la que está acusado, entre otros, el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll.
