Si el teletrabajo ha llegado para quedarse en el ámbito de la función pública valenciana está aún por ver, pero la Conselleria de Hacienda, de quien depende la Dirección General de nuevas Tecnologías, parece decidida a que una nueva crisis sanitaria no la pille en mantillas como ocurrió hace cien días. El estado de alarma acabó con el grueso de la plantilla en su casa y con la necesidad de la Generalitat de proporcionar a su funcionariado medios telemáticos para continuar con sus tareas aunque no fuera de forma presencial. Un reto de gran magnitud teniendo en cuenta que en el momento en que se declaró en estado de alarma no existía ni un solo empleado con teletrabajo.
En este contexto, Hacienda ha tratado de acelerar la inversión en el teletrabajo y este viernes tiene previsto dar cuenta al Consell de un gasto por la vía de emergencia de 86.000 euros para la contratación del suministro de licencias para garantizar el teletrabajo en un entorno seguro durante ocho meses: hasta enero de 2021. La idea es seguir contando con estas licencias a partir de esa fecha, pero por contratación ordinaria.
La medida, cuyo objetivo es contar con una nube segura para el trabajo fuera de las oficinas, ya fue avanzada hace una semanas por Hacienda. Sin embargo, será justo esta semana cuando se autorice coincidiendo con el polémico acuerdo del Ejecutivo de la semana anterior sobre la reincorporación inmediata del cien por cien de la plantilla. El acuerdo, impulsado por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, apuesta por el trabajo presencial con la excepción de las personas con un estado de salud vulnerable. La resolución ha traído cola por la dificultad de su aplicación inmediata, pero también porque algunas conselleries, principalmente las adscritas a Compromís creen que el regreso presencial debería ser paulatino y combinado con el teletrabajo. Incluso está modalidad de trabajo no presencial, debería ser, opinan, prioritaria mientras dure la alerta sanitaria. Apuntan también que es una opción para la conciliación de la vida laboral y familiar.
El teletrabajo, sin embargo, no aparece como opción en la resolución de Función Pública avalada por el pleno y este es uno de los caballos de batalla de esta semana. El comité de salud y seguridad de la Conselleria de Economía ha instado al Consell a revisar su orden e incluir la opción de trabajo no presencial. Compromís aspira a que este asunto se aborde, aunque Justicia no está por la labor de dar un paso atrás. De hecho, ante la rebelión del algunas conselleries ha remitido una circular a las dirección generales para que informen de los puestos ocupados ya de forma presencial. Además, el presidente Ximo Puig se ha mostrado a favor de la incorporación total.
La propuesta de acuerdo de Hacienda, firmada por el conseller Vicent Soler el pasado18 de junio no se vota. Es una toma de razón de la tramitación porque aún está acogida a la emergencia del estado de alarma que acabó justo dos días después. En la exposición de motivos, Hacienda se hace eco de las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus, entre ellas la de limitar la movilidad de las personas. Y en este contexto incluye la apuesta de la Generalitat por impulsar el teletrabajo efectivo y la necesidad de lograrlo de forma eficaz, eficiente y segura. De ahí la necesidad de invertir en herramientas informática su servicio que garantice la seguridad. Hacienda también anunció hace una semanas la compra de 1.500 ordenadores y 600 monitores para facilitar el teletrabajo.
Además, la resolución de vuelta al trabajo recoge que la consellera competente en función publica «impulsará una nueva regulación» en materia de teletrabajo.
