La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha presentado esta mañana una Proposición de Ley de medidas para garantizar el presupuesto de la sanidad pública de la Comunitat Valenciana y para la reducción de altos cargos y del personal eventual de la Administración de la Generalitat.
La proposición presentada en las Corts Valencianes va acompañada de una exposición de motivos que recoge que la crisis sanitaria de la Covid-19 ha puesto de manifiesto las necesidades de la sanidad pública de la Comunitat Valenciana, que se ha consolidado como el principal interés de los valencianos. El PP afirma que en la sociedad valenciana existe un clamor por la defensa de la asistencia sanitaria pública y de los profesionales sanitarios cuyo esfuerzo y dedicación han resultado imprescindibles para atajar los gravísimos efectos de la epidemia.
La sanidad, añade la propuesta de los populares, es fundamental para hacer frente a los retos y, por eso, su presupuesto, es imprescindible para su correcto funcionamiento y para una prestación de calidad para los ciudadanos. Por eso debe estar blindado frente a cualquier otra posible prioridad de la Administración. Mediante esta ley, añade el PP, se prohíbe las minoraciones de créditos destinados a la sanidad pública valenciana en los presupuestos de la Generalitat, garantizando que la dotación económica aprobada por lass Corts se dedica íntegramente y sin menoscabo a la asistencia sanitaria a los ciudadanos y a las retribuciones del personal sanitario.
Asimismo, la situación social y económica de la Comunitat Valenciana, añaden los populares, y las dificultades de las familias valencianas se han agravado notablemente como consecuencia de la crisis sanitaria, por lo que exigen que la Administración de la Generalitat sea ejemplo de la contracción del gasto superfluo para destinar la mayor parte de su presupuesto a los servicios públicos esenciales, en particular, a la sanidad pública, así como a la recuperación económica y social.
Por ello, también por ley el PP propone que se reduzcan los salarios de los altos cargos, así como el número de altos cargos, cargos directivos y personal eventual. El número debe quedar fijado al indispensable para el funcionamiento de la Administración bajo la dirección de un número más limitado de personas de designación política.
Es por ello que proponen la reducción del número de altos cargos, de modo que cada uno de los departamentos del Consell cuente con un único secretario autonómico y un subsecretario y un máximo de cinco directores generales. Asimismo, el número total de personal eventual -asesores y directores de gabinete- se reduce a cincuenta para toda la Administración, limitando los salarios a los que corresponderían a un funcionario con la misma formación.
Finalmente, piden rebajas en las retribuciones del personal directivo de los entes públicos y su elección elección basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, en lugar de la elección discrecional.
Los ahorros que se deriven de la reducción de altos cargos y asesores, así como también de la reducción de salarios, se destinarán a la sanidad pública.
