La empresa y el trabajador deberán acordar y dejar por escrito los detalles de las rutinas y de las compensaciones económicas a las que tiene derecho un empleado durante el teletrabajo. Así lo establece el anteproyecto de ley que publicó ayer el Ministerio de Trabajo. El primer borrador contempla que el contrato de trabajo a distancia también deberá fijar una lista de herramientas que precisará el empleado para ejercer y explicita que su coste siempre deberá correr a cargo de la empresa, tal como avanzó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en este diario. El trabajador también podrá negociar parte de su horario, según sus preferencias, aunque la empresa podrá imponer unas franjas de disponibilidad y un número de días u horas que el empleado deberá acudir presencialmente.
El borrador de anteproyecto de ley que Trabajo ha trasladado a sindicatos y patronal no ha entusiasmado a esta última. La CEOE recela de tener que asumir determinados costes que pretende imputarle el Gobierno en su nuevo proyecto o de supuestos fraudes cometidos por los trabajadores a nivel de productividad. «Tampoco sería muy lógico que si alguien hace un huevo frito en casa y le salta el aceite que sea un accidente laboral», dijo el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
Entre la urgencia y el consenso
El Gobierno, con el consenso para prórrogar los ERTE todavía caliente, quiso calmar los ánimos empresariales y dejar claro que todo se hablará. La intención del Ejecutivo es no dilatar los tiempos de aprobación de esta nueva normativa y para ello ha activado la vía de urgencia. Lo que, no obstante, no es incompatible con que las negociaciones con patronal y sindicatos puedan alargarse si las partes no encuentran un consenso y el Gobierno declina legislar unilateralmente.
Los sindicatos, por su parte, insisten en que la ley tiene que recoger claramente qué gastos deberá asumir la empresa y que estos vayan más allá de facturas de suministros, hasta el punto que puedan incluir también parte del alquiler. Algo que legislaciones como la de Suiza lo contemplan. En este sentido, el primer borrador determina que ese contrato que rubriquen asalariado y empresa para regular el teletrabajo deberá determinar cuál es el «lugar de trabajo habitual», que puede ser el centro de trabajo, el domicilio del trabajador o bien otro lugar. Lo que abre la puerta a que ese contrato regule de algún modo una compensación para costear el acceso y mantenimiento de ese lugar de trabajo. Otro elemento que incorpora el anteproyecto es que la empresa tiene la obligación de fijar por escrito cada cuánto renovará los equipos y medios de producción para el trabajador a distancia.
La intención del Ministerio de Trabajo es que determinados colectivos puedan acceder preferentemente a las rutinas de teletrabajo. En su primer documento especifica varios, como las madres en periodo de lactancia, los progenitores a cargo del cuidado de hijos menores de 12 años o las personas que acrediten que están cursando estudios académicos. El anteproyecto también abre la puerta a que un trabajador pueda acogerse a un periodo de teletrabajo de «fuerza mayor» en caso de que tener que cuidar a un familiar de hasta segundo grado.
Así, el Gobierno pretende reformular por ley un fenómeno que antes de la pandemia era testimonial en España y que tras el estado de alarma ha sido la garantía de muchas compañías para mantener su actividad. Si hasta marzo solo el 9,7 % de los empleados trabajaba a distancia de manera recurrente, durante el confinamiento dicho porcentaje escaló hasta el 30,2 %; según datos de Eurofund.
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