Por qué tropieza el valenciano con la Justicia

En esta ocasión, la Justicia ha anulado varios de los artículos del decreto que regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL), de noviembre de 2017, al considerar que infringe varios formalismos administrativos y vulnera preceptos jurídicos. La sentencia, difundida este viernes por la tarde, cuestiona la forma pero no el fondo, pues no aprecia ninguna vulneración de los derechos de las personas castellanoparlantes que residen en territorio valenciano.

Entonces, ¿por qué tropieza el valenciano con la Justicia? El Botànic ha optado en todo este tiempo por la fórmula del decreto, con rango inferior al de una ley y menos garantías. El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana ha considerado que esta fórmula, más ágil que una ley porque no requiere de un trámite parlamentario o de un proceso previo de participación pública, acomete una regulación de una actividad administrativa previa y distinta a la función de asesoramiento.

Por tanto, según la sentencia, genera «verdaderos actos administrativos» con efectos jurídicos frente a terceros y lo hace «al margen de cualquier procedimiento y consiguientes garantías para sus destinatarios, de cualquier medio de impugnación», entre otras razones.

El tribunal, en cambio, entiende conforme a derecho el resto del articulado del decreto y sus disposiciones tras establecer que la creación de la ODL «se encuentra en el ámbito de la potestad de organización de la Administración».

La sentencia puede ser recurrida en recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). En cambio, según apuntaron ayer desde la Conselleria de Educación al diario Levante-EMV, la Generalitat valora si lo interpone porque, en el fondo, «avala la decisión de crear la Oficina, así como su función de asesoramiento».

La ausencia de una ley que regule el uso del valenciano entre administraciones o ampare el derecho a ser atendido en la lengua cooficial sigue penalizando al valenciano. Ayer, la cátedra de Derechos Lingüísticos de la Universitat de València (UV) insistió en que «es absolutamente necesario un cambio en la legislación básica para hacer posible la plena oficialidad estatal de las lenguas españolas».

Mientras, desde Intersindical pidieron la aprobación de un Ley de Igualdad Lingüística que garantice los derechos de las personas valencianoparlantes. El sindicato consideró que estas sentencias «responden más a criterios políticos que jurídicos».

La decisión del TSJ llega después de un recurso presentado por el PP y la Asociación para la defensa del Castellano. El abogado que ha representado a los demandantes es Jorge Carbó, un letrado vinculado al PP que se ha convertido en el azote de la política lingüística del Consell. Carbó también participó en el recurso que presentó este partido contra el decreto del uso del valenciano que el TS tumbó hace dos semanas.

Los recurrentes alegaron que la Oficina nacía «con la pretensión de defender solo los derechos de los valencianosparlantes a expresarse en valenciano y no los derechos de los castellanos parlantes a expresarse en castellano». Además, denunciaron que el decreto se inmiscuía «en el amito de las relaciones privadas de personas físicas o jurídicas, lo que supone una intromisión ilegítima de un poder público en la esfera de la intimidad de los ciudadanos».

Pero la sala cuestiona la forma empleada y rechaza que el decreto margine al castellano: «Los derechos lingüísticos a que hace referencia este decreto son los que amparan y protegen el uso de las lenguas oficiales reconocidas por el Estatuto de Autonomía, no quedando por tanto, excluido los castellanoparlantes». No obstante, la ausencia de una norma jurídica impulsada desde les Corts ha penalizado (otra vez) al valenciano.