La comparecencia del presidente de la patronal mayoritaria de residencias de la Comunitat Valenciana, José María Toro, ha evidenciado hoy en la comisión de reconstrucción de las Corts la confrontación entre los partidos del Botànic y el sector privado a cuenta del modelo residencial. Toro ha insistido en que las residencias se han sentido "muy solas" y ha pedido que no se demonice a las empresas por el impacto que ha tenido la pandemia en los geriátricos, mientras que los partidos del Consell han echado en falta "autocrítica" en su intervención.

El dirigente ha comenzado exponiendo la falta de información previa y el retraso por parte de la administración en ordenar el cierre de las residencias una vez decretado el estado de alarma, para continuar denunciando la escasez inicial de medios de protección que todavía persiste en algunos servicios y materiales como es el caso de los guantes. Aún así, Toro ha puesto en valor que menos de la mitad de centros de mayores han llegado a tener casos confirmados de coronavirus y el 98% de ellos están hoy libres de brotes. El presidente de Aerte ha situado en el 2% el porcentaje de residentes fallecidos, una de las cifras más bajas en España y por debajo de países vecinos como Francia o Reino Unido.

"Muchas veces hemos trabajado sin material, que hemos tenido que conseguir de la manera que hemos podido. Pese a que la situación se ha recuperado, nunca hemos llegado a tener el material necesario", ha enfatizado Toro, para quien la carencia de tests de detección de la enfermedad ha sido otro "elemento fundamental", junto la "falta de coordinación" que a su juicio ha existido entre las conselleries de Sanidad y Políticas Inclusivas, con órdenes contradictorias y protocolos en su opinión poco efectivos. "Hemos trabajado a ciegas, no sabíamos quién tenia o no la enfermedad y no se ha podido garantizar una adecuada atención sanitaria".

Toro ha recordado que las residencias no están preparadas ni diseñadas para atender una pandemia y ha censurado la negativa a derivar a determinados residentes a los hospitales en los momentos de colapso del sistema sanitario. "Las personas residentes en un centro tienen el mismo derecho de acceso a sanidad que cualquier persona. Es un error dejar a una persona enferma junto a mucha gente vulnerable", ha incidido.

El presidente de Aerte también ha sido muy crítico con el déficit de profesionales que han sufrido las residencias, por las bajas de personal con sintomatología "sin hacerles PCR" y por la movilidad de trabajadores llamados por Sanidad a través de las bolsas de inscritos. Toro ha asegurado que si se desincentiva la inversión privada en el sector las comunidades autónomas no podrán atender solas las residencias por el déficit público, la deuda y la dificultad para reformar el sistema de financiación. "La administración debería hacer un esfuerzo fomentando la inversión pública y la privada", ha sostenido. "En 2008 seguimos ahí atendiendo personas y ahora seguimos haciendo lo mismo, hemos vuelto a demostrar nuestro compromiso", ha defendido.

Toro ha insistido en su demanda de que se cree un grupo de trabajo entre las consellerias de Igualdad, Sanidad y el sector para estudiar "todas estas circunstancias" y "ver cómo se evita esta situación". "No entendemos porque el Gobierno de España lo va a llevar a cabo y por qué aquí no se va a hacer", ha resaltado, antes de censurar la falta de interlocución con la conselleria de Igualdad, circunstancia que desde el departamento que dirige Mónica Oltra se ha negado, resaltando que el contacto con el presidente del lobby de empresas del sector residencial (Aerte) "ha sido constante a lo largo del estado de alarma por parte del personal directivo de la conselleria", como muestra la relación de 89 contactos intercambiados. El dirigente ha pedido igualmente pruebas periódicas cada 15 días en las residencias y que se doten más recursos a la atención primaria para que pueda prestar servicios a los residentes, junto a un protocolo unificado de información y que los centros de día puedan recuperar su trabajo normal.

En su turno, los partidos del Botànic han afeado al presidente de Aerte la falta de autocrítica y han puesto el foco en la necesidad de un cambio de modelo. "Ha faltado material y ha habido escasez, pero no se puede echar culpa a demás", ha señalado la diputada de Podem Pilar Lima, para quien el modelo residencial actual "es un fracaso", como "se ha visto en todo el país", haciendo hincapié en la precariedad de los profesionales. Carles Esteve, de Compromís, ha defendido los esfuerzos llevados a cabo desde la Conselleria de Políticas Inclusivas para mejorar las condiciones del sector y ha abogado por incidir en los cambios para una mejor coordinación sociosanitaria. Desde el PSPV se ha puesto el foco en los "aciertos" como el hecho de que la Comunitat Valenciana fue de las primeras en las que Sanidad tomó el control sanitario de las residencias para poder dar apoyo. "He echado en falta en qué cosas los empresarios de las residencias han fallado ustedes", ha señalado la diputada socialista Soler.

"Culpabilizar a las residencias no tiene sentido porque no estaban preparadas", ha respondido José María Toro. A su juicio, el mayor error del sector ha sido "esperar a que la administración diera respuesta" para cerrar antes los centros y tomar medidas en marzo. El presidente de Aerte ha negado que el actual modelo residencial "haya sido la causa de lo que ha pasado". "Hemos vivido una crisis sanitaria y lo que ha fallado es el sistema de salud, necesita más refuerzo y esfuerzo económico, pero pidamos a cada uno lo que necesitamos". Toro ha celebrado que el Botànic haya duplicado el presupuesto social, pero ha limitado los cambios impulsados en los últimos cinco años. "En las dos legislaturas de este gobierno quizás se construya una sola residencia, cuando nos hacen falta 120 para estar en la media española", ha denunciado. "Hay que mejorar la inversión pública, pero no a este ritmo, porque no llegaremos nunca", ha remachado, antes de lamentar el retraso de la conselleria en dar carpetazo a determinados brotes y de censurar los "protocolos contradictorios" elaborados y que apenas se han aplicado. Es el caso de la norma que regulaba las bajas voluntarias en las residencias, que ha considerado innecesaria, y la que abría la puerta a agrupar a residentes en determinados centros. "Solo se aplicó en Requena", ha destacado Toro.