La operación retorno de los funcionarios a la Generalitat Valenciana vivirá un nuevo capítulo el próximo miércoles. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige la consellera Gabriela Bravo ha convocado la comisión de seguimiento sobre medidas de prevención frente a la covid-19 para revisar los planes de contingencia elaborados por los distintos departamentos y evaluar el grado de cumplimiento de cada conselleria.

La comisión, en la que están representadas las distintas centrales sindicales y está prevista en el anexo II del acuerdo de 19 junio del Consell, tiene como objetivo poner en marcha todas aquellas medidas de seguridad e higiene necesarias para garantizar la salud del personal que trabaja para la Generalitat y evitar contagios entre la plantilla y los usuarios.

Según confirmaron fuentes conocedoras de la convocatoria, durante el encuentro los asistentes revisarán si las distintas conselleries han cumplido con los planes de seguridad para que vuelvan a ocupar sus plazas.

La vuelta al trabajo presencial de la totalidad de la plantilla, acordada por el pleno del Consell a propuesta de la consellera Bravo, ha generado una brecha interna en el Ejecutivo autonómico. La polémica acabó en bronca y la tormenta se desató cuando dos de las conselleries que dirige Compromís, Agricultura y Economía, dictaron sus propias instrucciones en las que, por prudencia, mantenían el teletrabajo a sus funcionarios.

Ambos departamentos consideraron que Bravo había actuado por su cuenta sin respetar las recomendaciones del propio Consell y el Gobierno central para abordar la desescalada de los empleados públicos.

Ahora es Bravo quien mueve ficha y convoca esta comisión para saber hasta qué punto las distintas conselleries han instalado elementos de protección para evitar contagios entre los trabajadores y garantizar la distancia mínima de seguridad. No obstante, algunas conselleries, como es el caso de Transparencia, bajo el control de Unides Podem, el tercer socio del Botànic, este miércoles se incorporarán el 100 % de la plantilla al trabajo presencial.

Los sindicatos también han empezado a marcar posiciones de cara a la reunión. El CSIF espera que, tras lo expuesto en materia de prevención de contagios, funcionamiento de los servicios públicos y conciliación familiar en un verano anormal, y las solicitudes realizadas a la Generalitat en este sentido, la consellera Bravo rectifique o se suspenda el acuerdo del Consell y se permita el trabajo no presencial del modo en el que se estaba realizando hasta que exista una regulación más ajustada a la que poder acogerse.

Mientras, desde Intersindical ya calificaron de «imprudente e irresponsable» la reincorporación al trabajo presencial y consideró que este hecho suponía una nueva normalidad «arcaica y perversa». CC OO y UGT, por su parte, apoyaron la medida y pidieron regular el teletrabajo.

En cambio, la semana pasada, en declaraciones a los medios de comunicación, la consellera mostró su rechazo a estas propuestas y pidió a las conselleries responsabilidad para implementar las medidas necesarias para garantizar la vuelta segura de todo el personal. Bravo defendió que el 8 de mayo dictó una resolución en la que se planificaba «con todo lujo de detalle» la desesecalada del funcionariado y que ya preveía una presencia mínima del 85 % en la fase de nueva normalidad.