La dirección de la Federación Valenciana de Municipios (FVMP) ha decidido acatar las recomendaciones que ha dirigido la Agencia Antifraude a la institución y renunciar parcialmente al cobro de las dos facturas por importe de casi 70.000 euros que adeuda Divalterra -la empresa dependiente de la Diputación de València- como consecuencia del acuerdo firmado en 2016 entre ambas entidades para desarrollar el malogrado Centro de Investigación de Conocimientos Aplicados a la Administración Local (Cical), impulsado por el exnúmero 3 del PSPV, José Manuel Orengo, y hoy inoperativo.
Después de que Antifraude haya desestimado las alegaciones presentadas tanto por la FVMP como por Divalterra y haya elevado a definitivas sus conclusiones sobre las anomalías detectadas en una serie de trabajos facturados, el Consell de la Federación dará hoy previsiblemente luz verde a una propuesta de resolución que asume el contenido del citado informe, con el objetivo de dar carpetazo al expediente de Cical, modificando los recibos para «minorar» las cantidades pendientes y ajustarlas al dictamen.
Fuentes de la entidad presidida por el PSPV recalcan su disconformidad con la resolución de Antifraude, pero defienden la decisión de obedecer a todas las recomendaciones recibidas para que «no haya atisbo de duda respecto a la credibilidad tanto de la FVMP como de la entidad Cical», así como para evitar añadir más fuego a la polémica.
Antifraude cuestionó el convenio suscrito en virtud del cual una sociedad pública como Divalterra transfería fondos -como si de una subvención se tratara- a la Federación. El organismo apreció infracciones, apuntando a un supuesto plagio de documentos para la justificación de trabajos, junto a posibles gastos duplicados y tareas cuya ejecución, según su investigación, no se ha acreditado o que se atribuyen a otras entidades como el consistorio de Gandia.
Desde la FVMP, en cambio, niegan irregularidades y recalcan que las conclusiones de la Agencia tienen carácter de sugerencia, a tiempo que defienden que las actuaciones pasaron todos los filtros de control interno y estuvieron apoyadas por informes técnicos y certificaciones de la secretaría general. La Federación, que ya daba prácticamente por perdida la deuda, dejó en suspenso el cobro de los recibos cuando Antifraude abrió una investigación en 2018 a raíz de varias denuncias.
Divalterra dio de baja los pagos
Divalterra, por su parte, acordó en abril dar de baja de su contabilidad las facturas impagadas por 67.000 euros y encargó una auditoría interna para determinar la cuantía que finalmente correspondía abonar. La colaboración entre las dos entidades se cifró en un principio en unos 120.000 euros, si bien Divalterra únicamente llegó a satisfacer a la FVMP 40.000 euros. El importe restante lleva varios años retenido.
