Uno de los objetivos del Botànic era y es darle un vuelco al sistema de protección de menores de la Comunitat Valenciana. Por ello, en 2017, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que lidera la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra, publicó el «Nou Model d'Acolliment Residencial d'Infancia i Adolescència», es decir, un documento ambicioso que diseñaba los cambios necesarios en la organización y funcionamiento de los centros residenciales de menores para avanzar en la optimización de los recursos actuales y en generar otros nuevos.
Así, se reflejaba en la teoría un aumento y diversificación del numero de centros, de plazas residenciales y de profesionales y un «cambio de paradigma» del acogimiento residencial hacia una intervención inclusiva y comunitaria «pasando de un modelo basado en la tipología de los centros a otro basado en la tipología de programas».
Un año y medio después de la publicación del nuevo modelo residencial, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha abierto una queja de oficio para «conocer la actual configuración de la red de acogimiento residencial y la implantación del nuevo modelo».
En el informe, el Síndic destaca la saturación existente en los centros de acogida y recepción; el primer lugar al que se destina a un menor sin familia mientras se estudia qué recurso o centro es el más adecuado para él.
Centros de Alborache y Villena
El informe se emite tras la inspección a dos centros: el de la Torre, sito en Alborache (centro de recepción de València) y el de Las Virtudes, en Villena (centro de recepción y acogida en Alicante). «Ambos son claro ejemplo de la necesidad de regulación normativa de las condiciones que deben cumplir los centros ya que se han quedado claramente desajustados de los cambios producidos», explica el informe. Y es que el centro de Villena esta ocupado íntegramente por menores migrantes y en el de Alborache «solo dos menores eran de nacionalidad española».
Estas residencias son, además, las más saturadas ya que la normativa contempla que no se deberían superar las 30 plazas «y en ambos casos superan con creces dicha capacidad. En la Torre hay 54 plazas autorizadas y en Las Virtudes 80, 40 de acogida y 40 de emergencia».
Sin embargo, el informe indica que «somos conocedores de que la puesta en marcha de estos centros fue debido a la emergencia generada por el crecimiento exponencial de llegada de menores extranjeros sin referentes familiares durante el año 2018 y 2019. No obstante, los recursos destinados para dar cobertura a situaciones de emergencia no pueden entrar a formar parte del sistema, en las mismas condiciones, una vez finalizada la citada emergencia (llegada masiva y simultánea de menores) debiendo adecuar sus características a la del resto de recursos residenciales del sistema de protección». Por ello, alerta del riesgo de consolidar en el sistema «centros que alcanzan las 80 plazas».
Eso sí, el Síndic de Greuges destaca en el informe los cambios producidos en el sistema con un «aumento de centros y número de plazas disponibles, aumento y diversificación de las plantillas, mejora de las condiciones económicas de los centros y la apuesta por el concierto social». El «cambio de paradigma», clave en el nuevo modelo, sigue sin embargo, pendiente.
