Las Corts Valencianes han acordado instar al Gobierno a establecer las responsabilidades de las Administraciones Públicas en la gestión del proyecto Castor, y garantizar que el desmantelamiento de la planta se haga efectivo «sin ningún tipo de repercusión económica para la ciudadanía».
La iniciativa, presentada por Ciudadanos, se aprobó ayer en la comisión de Medio Ambiente con los votos a favor de Ciudadanos, PP, Compromís y Unides Podem y en contra de Vox, mientras que el grupo socialista se abstuvo, al considerar ya se asumieron responsabilidades en su día.
El diputado de Ciudadanos Eduardo del Pozo advirtió de que el proyecto Castor, creado frente a la costa de Vinaròs para suplir la demanda energética de gas natural en España, «no pasó ni de la fase previa de utilización, debido a la sucesión de continuos terremotos en la zona».
«El proyecto no solo acabó suponiendo casi un 90 % más del coste inicial previsto, sino que, desde que se decretara su hibernación en 2014, se halla inmerso en diferentes conflictos judiciales por las indemnizaciones que reclama la empresa adjudicataria, a quien ya ha habido que devolver varios miles de millones», criticó.
Auditoría técnica
La propuesta de la Cámara autonómica insta al Gobierno a llevar a cabo una auditoría técnica del proyecto y a valorar la responsabilidad de Escal UGS en las posibles irregularidades o negligencia en la construcción del proyecto. También pide al Ejecutivo una investigación para dirimir posibles responsabilidades en el procedimiento administrativo y la concesión del proyecto sin haber tenido en cuenta los informes de impacto pertinentes. La iniciativa propone además exigir y evaluar las posibles responsabilidades del Gobierno por la adjudicación de un proyecto «sin valorar la veracidad de los informes de la empresa y valorar las posibles cláusulas abusivas en un proceso sin concurrencia pública».
La propuesta, de la que habrá que dar cuenta a las Corts en un plazo de seis meses, reclama también la apertura de un amplio estudio y análisis geológico en toda la zona afectada con el objetivo de reducir al máximo la probabilidad de que vuelvan a ocurrir sucesos de este tipo.
El diputado socialista Francisco Gil justificó la abstención de su grupo por tratarse de un tema «que está ya judicializado», en el que en su día se asumieron las responsabilidades políticas pertinentes, y defendió que el Gobierno tomó ya medidas para desmantelar Castor.
«Todo lo que se podía hacer, se ha hecho»por lo que, según añadió, insistir en ello sería desaprovechar tiempo y mecanismos para atender la complicada situación que ha dejado el coronavirus «y centrarnos en la reconstrucción del país».
