Diversos paraísos fiscales han remitido en las últimas semanas al juzgado que instruye las diligencias derivadas de la Operación Erial, el caso por el que fue ingresado en prisión provisional el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, abundante documentación que acreditaría la presunta actividad delictiva en el extranjero de los miembros de la trama.

Según apunta la información a la que ha tenido acceso Levante-EM, las nuevas pruebas completarían las comisiones rogatorias que ya forman parte del sumario y el entramado al que habrían recurrido los investigados para esconder el dinero.

La jueza acordó el pasado lunes la formación de una pieza separada que ha sido declarada secreta para practicar más diligencias, interrogatorios o peticiones de información, relacionadas con los nuevos hallazgos. Los paraísos fiscales vinculados a la presunta fortuna del exministro de Trabajo del PP son Andorra y Suiza, además de Luxemburgo.

Al parecer, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha entregado al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción al menos tres atestados más en los que analiza la nueva información. Los informes han sido elaborados durante el periodo de confinamiento decretado por la pandemia del coronavirus sin levantar la más mínima sospecha. La instructora ha impuesto de nuevo el secreto de las actuaciones para evitar filtraciones a las defensas.

El caso Erial se enfrentaba a la recta final de la fase de investigación, pero las nuevas pruebas han vuelto a poner el contador a cero. Zaplana sigue manteniendo su inocencia y ha presentado un recurso para que el caso vaya a Madrid y lo asuma la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se opone y la Audiencia de València tendrá la última palabra.

La magistrada retomó ayer la instrucción con el interrogatorio a varios investigados. Así, este martes se desplazaron hasta la Ciudad de la Justicia de València la exdiputada del PP Elvira Suanzes y su hermano, Saturnino Suanzes. Ambos están siendo investigados por su presunta colaboración para esconder los fondos en el extranjero. Los dos se acogieron a su derecho de no declarar tras aparecer la nueva información y acordarse el secreto de sumario.

Otro de los investigados citados, Francisco Pérez, un empresario colaborador de Zaplana conocido como «El Gasofa», sí aceptó declarar. Según completaron fuentes conocedoras de su interrogatorio, «El Gasofa» no supo aclarar por qué tenía una cuenta abierta en Andorra a su nombre en la que recibió un ingreso de 300.000 euros en 2011. El sumario apunta que en realidad el dinero era de Zaplana. El empresario reconoció que el exidirgente del PP tenía un yate compartido en el Club Náutico Campomanes de Altea.

El último en declarar en la ronda de interrogatorios de ayer fue José Luis Olivas, ex presidente de la Generalitat y sucesor de Zaplana. El también ex presidente de Bancaja respondió a todas las preguntas y negó que participara en el presunto amaño del Plan Eólico o las adjudicaciones de las ITV. Afirmó que en ningún momento presionó para beneficiar a la familia Cotino y reiteró que el cobró 500.000 euros no respondía a una comisión. Olivas fue condenado por fraude fiscal por este pago.