Sin movimiento en el frente. La brecha abierta entre las conselleries del PSPV y las de Compromís a cuenta del regreso generalizado de los funcionarios de la Generalitat a la actividad presencial se mantiene intacta dos semanas después de la resolución promovida por la conselleria de Justicia, Interior y Administración que ha obligado a reincorporarse a la totalidad de la plantilla a sus puestos de trabajo. Ayer, la titular de ese departamento, Gabriela Bravo, reunió a las 12 subsecretarías del Consell -incluidas las críticas con la decisión- y a los sindicatos en una comisión mixta de seguimiento para evaluar hasta qué punto los diferentes departamentos autonómicos han obedecido las recomendaciones y cumplen las medidas de seguridad exigidas en los puestos de trabajo.
El encuentro era una oportunidad para acercar posturas con datos y evidencias encima de la mesa, puesto que también participaron los responsables del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), encargado de evaluar la seguridad en los centros. Pero la división volvió a evidenciarse. Bravo descartó introducir cambios en su norma como se había reclamado desde Compromís, que abogaba por rebajar la presencialidad y fomentar el teletrabajo. Después de que algunos departamentos como Economía o Agricultura desafiaran la orden general y decidiera dictar sus propias instrucciones en ese sentido, la consellera instó ayer a los subsecretarios a cumplir la resolució inicial, abierta en todo caso a cierto margen de interpretación para ajustarla a las necesidades de cada caso concreto.
La titular de Justicia planteó a los altos cargos una alternativa consistente en establecer turnos diferenciados -no necesariamente de forma voluntaria para los empleados- con tal de lograr que se cumplan las distancias de seguridad entre el personal y evitar aglomeraciones, recordando que los centros pueden estar abiertos hasta las 20.30 horas.
En la órbita de Compromís se incidió, sin embargo, en que no pueden regular los turnos si los trabajadores no están de acuerdo, apelando al propio decreto que regula el regreso de los funcionarios. Fuentes de la coalición valencianista consideraron intrascendente la cita de ayer, en la que se abordaron los problemas detectados en los centros y las medidas de seguridad implementadas -prácticamente en la totalidad-, junto a la subsanación de determinadas deficiencias en zonas de riesgo. Los representanes de Invassat, además, dieron cuenta de que todos los planes de contingencia elaborados por las distintas conselleries cumplen con los indicadores de las autoridades sanitarias.
Según los cálculos de la Conselleria de Justicia en base a los datos facilitados por las diferentes subsecretarías, entre el 85 y el 90 % de los funcionarios se habían reincorporado a día de ayer a su centro de trabajo con normalidad. El porcentaje restante, según las fuentes del departamento, correspondería a bajas médicas por enfermedad común o a empleados que han pedido días de vacaciones, una horquilla de ausencias que se encontraría dentro de los parámetros habituales en los meses de verano.
La consellera recordó a lo subsecretarios que el Invassat ha de ser quién evalúe a los funcionarios que pertenecen a grupos vulnerables para, en su caso, tramitar su baja médica. Hasta ser examinado, el trabajador puede quedarse en casa. Fuentes de Justicia hacen hincapié en que la mayor parte de la plantilla de la Generalitat se enmarca dentro de la categoría considerada de riesgo «muy bajo» de contagio, entre las diferentes catalogaciones existentes.
En cualquier caso, Bravo se comprometió a convocar una nueva reunión a finales de julio por si persisten algunos flecos que no se han podido solucionar. Mientras tanto, recordó que en aquellos espacios en los que no se no se puede guardar la distancia mínima de un metro y medio se proporcionarán mascarillas o pueden instalase mamparas.
Teletrabajo
El contenido de la reunión de ayer tampoco convenció a los sindicatos, críticos con la orden de regreso en masa al trabajo presencial y partidarios de que se impulse en mayor medida el teletrabajo. Especialmente combativo fue CSIF, para quien existen riesgos y se ha perdido una oportunidad para mejorar la conciliación en un verano atípico. En el sindicato lamentaron que se reprendiera a los subsecretarios díscolos, a tiempo que invocaron acuerdos de otras administraciones como el Ministerio de Política Territorial que permite desarrollar su labor a distancia hasta cuatro días a la semana y advirtieron de las carencias del Invassat.
En la conselleria, en cambio, no ven motivos justificados para no volver al trabajo presencial y señalan que se están siguiendo los mismos parámetros que en la mayoría de las administraciones y empresas privadas, una vez garantizadas las medidas necesarias de limpieza, desinfección y reordenación de los puestos de trabajo para evitar aglomeraciones. Fuentes de Justicia abren la puerta a regular el teletrabajo, pero, para ello, remarcan que primero hay que sentar las condiciones, las obligaciones, los controles y los derechos de los trabajadores en el marco de un proceso paralelo. Bravo pidió a las conselleries altura de miras y responsabilidad tras la bronca con Compromís, en la que Mónica Oltra terció hace unos días abogando por suavizar el regreso del funcionariado y por revisar la norma.
