El manto del Estado es amplio, incluso largo, pero no llega para cubrir por entero a toda la ciudadanía. De hecho, el 35,8 % de los valencianos con más de 65 años no percibe una pensión contributiva por jubilación. De las 956.100 personas que han alcanzado dicha edad o la han superado en la autonomía, el 64,2 % sí cobra una de estas prestaciones. Son 614.005. Por tanto, 342.000 residentes en la región con nacionalidad española se encuentran fuera de dicha cobertura, lo que implica que tienen unos ingresos bien magros, según los Indicadores sociales de calidad de vida de la Comunitat Valenciana de 2020, con datos de 2019, que acaba de publicar la Generalitat.
Este tipo de prestaciones las perciben personas que han estado afiliadas y han contribuido a la Seguridad Social, que han alcanzado la edad estipulada para acceder a la pensión -pueden jubilarse a los 65 años de edad aquellos trabajadores que hayan alcanzado los 36 años y nueve meses cotizados- y que contabilizan el periodo de cotización mínimo, actualmente fijado en 15 años. Si no cumplen este requisito, pueden pedir una pensión no contributiva, a la que tienen derecho quienes dispongan de rentas o ingresos, en cómputo anual para 2018, inferiores a los 5.321,40 euros anuales.
El mencionado 64,2 % es el porcentaje más elevado que registra la Comunitat Valenciana desde antes de la Gran Recesión, pero está cuatro puntos por debajo del 68,2 % que exhibe la media nacional.
En cuanto a las pensiones de viudedad, el porcentaje de cobertura en la Comunitat Valenciana asciende al 81,2 %, es decir 242.526 de un total de 298.650. En este caso, el porcentaje está una décima por encima de la media nacional, donde 2,3 millones de personas -un 81,1 %- son viudas y cobran este tipo de ayudas públicas. El aumento en la Comunitat Valenciana respecto a 2018 es considerable. Si en las prestaciones por jubilación la ganancia es de solo dos décimas, en las de viudedad el aumento es de 2,4 puntos.
Ayudas
Uno de los factores esenciales a la hora de reducir la desigualdad en la sociedad lo constituye la redistribución de la riqueza realizada desde las administraciones públicas a través de los impuestos. Dicho de otro modo, sin las ayudas públicas, la pobreza en España sería mucho mayor de lo que lo es tras la Gran Recesión y de lo que empieza a ser como consecuencia de la crisis del coronavirus. La prueba más inequívoca de ellos se encuentra en el porcentaje de hogares cuyos ingresos proceden total o parcialmente del reparto de fondos desde el sector público. El último dato disponible al respecto sobre la Comunitat Valenciana corresponde a 2018 y es muy elocuente.
Al cierre de dicho ejercicio, había en la autonomía 1,99 millones de hogares. De ese total, 1,33 millones percibía algún tipo de prestaciones sociales. Se trata del 69,3 % de los hogares valencianos. Un 55 % de las familias ingresaba una pensión de vejez y supervivencia. Un 38,6 %, una de desempleo y un 28 %, una por otros subsidios y prestaciones sociales.
