A grandes males, grandes remedios. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas está decidida a salvar su plan para rejuvenecer la Generalitat y facilitar a jovenes opositores que se preparen exámenes sin que una precaria situación económica sea una limitación. Para ello, el departamento que dirige Gabriela Bravo ha decidido introducir una serie de cambios en las condiciones y requisitos que recogía el decreto por el cual se regulaba este sistema de becas. Era el conocido como Programa 50 fruto de uno de los compromisos del Botànic en su seminario de invierno de 2019 y que buscaba incorporar «talento joven». La primera convocatoria que esperaba llegar a 500 personas que recibirían una aportación mensual de 500 euros si se comprometían a presentarse a una oposición, se saldó con la inscripción de 119 personas.

A la primera convocatoria se presentó alrededor de medio millar de aspirantes, pero el grueso se quedó por el camino. Hubo algunos problemas como la certificación de que se estaban preparando la oposición. Se trataba de una declaración responsable que debía ser firmada por el opositor y por aquellas personas que les estuvieran preparando para la convocatoria pública de empleo. Al final, de los tres millones previstos de presupuesto, la conselleria sólo gastó 450.000 euros.

Con el fin de subsanar deficiencias, Justicia sacó ayer a consulta pública su propuesta de modificación del decreto. En espera de recibir alegaciones, Justicia propone cambios en la edad (sólo podrán presentarse menores de 30 y no hasta 30 como ahora), simplificación de la determinación de la renta familiar y obligación de prsentarse a las pruebas que convoque Justicia y no otras conselleries.