El Gobierno valenciano prevé recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular parte del decreto de dependencia al estimar que es «contradictoria» a otras resoluciones anteriores, tanto del tribunal valenciano como del Supremo. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en respuesta a la resolución del TSJCV que ha declarado nulo el artículo 32.4 del Decreto 62/2017 del Consell. El artículo en cuestión es el que permite a cualquier persona ser cuidador profesional y no limita esta figura solo a los familiares directos de la persona dependiente.

La ayuda a cuidador no profesional figuraba en la ley de Dependencia pero nadie la recibía. El Gobierno de Mariano Rajoy paralizó durante dos años las ayudas al cuidador no profesional, que debían gestionar las comunidades autónomas. Así, la ayuda figuraba en el catálogo de servicios, pero nadie la recibía. Hasta 2016. Mónica Oltra decidió reactivar la prestación en cuanto finalizó el bloqueo estatal y dio un paso más al ampliar los requisitos para acceder a la misma. Ya no era imprescindible que el cuidador no profesional fuera un familiar directo para poder recibir la ayuda. Además, desde el 1 de abril de 2019, las cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia volvieron a cotizar a la seguridad social. Este recurso ha crecido en la Comunitat Valenciana de forma exponencial.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) denunció el decreto y alegó «intrusismo profesional». El TSJ le ha dado la razón a la patronal, pero Oltra asegura que existen «dos sentencias contradictorias y el Tribunal Superior deberá pronunciarse», por lo que el Consell recurrirá el fallo.

Para la abogada de Acción para la Justicia Social, Sandra Casas, «no es baladí que fuera la patronal de residencias la que recurriera un decreto que permite a cualquiera ser cuidador profesional argumentando que la medida reduce el cuidado del dependiente y además no facilita la inserción laboral de la mujer. Pero es justo lo contrario ya que la medida pretende no condenar a la mujer por ser madre, esposa o hija y permite la contratación de una persona externa».

Sin embargo, Casas recuerda que es cierto que el requisito de ser familiar «no debería existir porque lo que debería consolidarse es la figura del asistente personal, una figura bloqueada en nuestra comunidad desde el inicio de la ley. Y aunque se han introducidos cambios normativos para mejorar esta prestación, no acaba de arrancar, entendemos que por motivos presupuestarios. Pero es la garantía de una inclusión real para mayores y dependientes».