Hace ya cuatro años y medio que la operación policial Taula sacudió la política valenciana. La actuación coordinada por el juzgado de Instrucción 18 de València acabó con la detención de 24 personas y registros simultáneos en diversas provincias.
Es el caso de corrupción con más imputados que se instruye en la C. Valenciana y sigue bloqueado en el juzgado por su dimensión y complejidad. El Poder Judicial nombró un refuerzo para evitar el colapso de este órgano, pues los juzgados ordinarios no están preparados para abordar unas tramas tan complejas, pero apenas se han obtenido resultados en este tiempo. Todas las piezas del caso Taula siguen abiertas y la investigación sufrirá más retrasos.
El juzgado ha notificado en los últimos días a las partes personadas en esta causa una nueva resolución en la que comunica la suspensión de todas las declaraciones previstas para el mes de julio. La decisión se toma por razón de enfermedad del instructor. Según completaron fuentes judiciales al periódico Levante-EMV, probablemente se designará a una jueza sustituta que trabajará junto al refuerzo. Por tanto, la causa pasará a unas nuevas manos de manera provisional y el caso Taula volverá a la casilla de salida.
Este mes de julio estaba prevista la declaración como testigo de Vicente Betoret, diputado nacional, exalcalde de Villamarxant y expresidente del PP provincial. Betoret tenía que responder por una de las piezas del procedimiento que incluye pagos de gastos electorales del partido desde la empresa pública Imelsa, punto de partida del caso.
La Fiscalía Anticorrupción cree que los hechos incriminan a Betoret, pero el juzgado citó al dirigente popular como testigo porque los hechos han prescrito. Tendría que declarar el 15 de julio después de que en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se advirtiera de diversos gastos electorales en Moncada y Vilamarxant presuntamente pagados con dinero público.
Ese mismo día debía declarar en calidad de testigo la exconcejala de Cultura de València Mayrén Beneyto, dentro de la misma pieza separada, por el contrato para el proyecto Blibliobus del Ayuntamiento.
Al parecer, según han constatado las diligencias policiales, hubo un presunto fraccionamiento de contratos desde el consistorio a favor de la empresa Thematica, de la que fue socio Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa autodenominado como yonki del dinero. También han sido suspendidas las declaraciones de varios empresarios imputados entre los días 1 y 8 de julio.
La espera de los imputados
Más de un centenar de personas, entre cargos públicos, empresarios o técnicos, están pendientes de las resoluciones que no acaban de llegar de este juzgado.
La pieza más avanzada es la de los contratos zombis de la empresa pública Imelsa. Desde 2018 estos hechos y listos para ir a juicio e incluso varios de los investigados ya han mostrado su intención de pactar con el ministerio fiscal y reconocer que tenían un sueldo público sin trabajar para la administración. Hasta el empresario José Adolfo Vedri, propietario del grupo de comunicación Engloba, ha depositado dinero en la cuenta del juzgado para obtener beneficios en el resto de acusaciones que penden sobre él.
Rafael Rubio, ex diputado del PSPV, es otra de las personas que sigue investigada en esta pieza a la espera de que el juzgado aclare desde hace años si irá a juicio por contratar en Imelsa a dos asesoras que, según la UCO, en realidad trabajaban para el partido. La decisión se ha dilatado tanto en el tiempo que ha sido nombrado recientemente subdelegado del Gobierno en València a la espera de conocer el resultado final. Por el momento, nada se sabe del auto que iniciará el camino para llegar a la vista oral y no hay una previsión a corto plazo, admiten desde las partes.
Tampoco se ha practicado ninguna diligencia desde 2018 por el presunto delito de blanqueo de capitales que el sumario atribuye a medio centenar de cargos del grupo municipal en el Ayuntamiento de València y por el que el PP a nivel nacional sigue imputado como persona jurídica. No hay prevista ninguna prueba por practicar y las dilaciones podrían beneficiar a las defensas.
