El vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, ha denunciado hoy públicamente que recibe presiones y amenazas desde que el Consell aprobó el Decreto-ley valenciano para la ampliación de la vivienda pública. Dalmau asegura que estas actuaciones no se han detenido, que van dirigidas contra su persona y que se producen de forma tanto pública como privada.

Aunque no dio nombres, en su explicación en redes sociales de lo ocurrido, Dalmau señala que provinene de parte de los poderes fácticos que defienden a los fondos de inversión.

Según explica el dirigente de Unides Podem en el Consell hace unas semanas el Gobierno valenciano aprobó a propuesta de la Conselleria de Vivienda (que él dirige) de un Decreto-ley que ayudará, según explica, a aumentar el parque público de la Generalitat y de los ayuntamientos, como recomienda el Banco de España

El Decreto-ley contó con la participación de los agentes involucrados, organizaciones sociales y empresariales, operadores jurídicos y expertos varios; fue ampliamente participado y se tuvieron en cuenta todas las recomendaciones que ayudaron a mejorarlo. «Siempre con diálogo», añade Martínez Dalmau.

El Decreto-ley permite a las Administraciones públicas actuar con preferencia en transmisiones de viviendas como las adquiridas mediante dación en pago, proceso judicial de ejecución hipotecaria, procedimiento de venta extrajudicial o en edificios completos de viviendas (como se recoge en el artículo 10).

Además, la norma aprobada por el Consell de la Generalitat también permite ejercer el derecho de adquisición preferente a los ayuntamientos para nutrir sus viviendas públicas en un contexto donde la necesidad es clara. Según Dalmau, después de la pandemia, y ante la posibilidad de nuevas amenazas, hay que asegurar que nadie se quede sin techo.

Freno a la especulación

Se trata, en definitiva, según el vicepresidente segundo, de una norma que pondrá freno a las grandes ventas especulativas de vivienda. Está enfocada a asegurar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y coloca a la Comunitat Valenciana «en la vanguardia de de las políticas progresistas mundiales», asegura el vicepresidente.

Sin embargo, siempre según el relato de Dalmau, la propuesta llegó a oídos de los lobbies de sectores económicos poco transparentes y de los grupos de inversión, y sonaron las alarmas. «Empezaron entonces las presiones y las amenazas, públicas y privadas, por parte de quienes quieren mandar sin presentarse a unas elecciones».

Convalidación en las Corts

El 15 de julio próximo se convalidará el Decreto-ley en les Corts Valencianes, lo que le dará carácter permanente. «Será un día importante, pero hasta entonces las presiones no cesarán. En esa votación veremos quién está al lado de los fondos buitre y quién al lado de la gente», añade el vicepresidente podemista.

No es la primera vez que cargos de izquierda valencianos denuncian presiones en las últimas semanas. Diputados de Unides Podem, Compromís y PSPV-PSOE ya señalaron cuando se iba a aprobar la Ley del Juego en las Corts que estaban siendo objeto de presiones por parte de sectores contrarios a la aprobación de una de las normas más restrictivas sobre el juego que se han implantado en España como es la valenciana. Ahora, de nuevo ocurre con la vivienda aunque en este caso se produce a un miembro del Gobierno valenciano que además es vicepresidente segundo.

Tras denunciar Dalmau las amenazas, una de las voces que salió en su apoyo fue la coordinadora autonómica de Podemos, Pilar Lima. También el Consejo Ciudadano de Podemos reunido el sábado expresó un «férreo apoyo» a la gestión del vicepresidente y le apoyo para que siga adelante pese a las presiones.

Lima aseguró ayer que su partido tiene claro que va a hacer frente a los lobbies especuladores ampliando el parque público de vivienda.

«No olvidamos el bando al que pertenecemos: el de la gente. No nos cansaremos de decirlo», aseguró Lima.

También se expresó sobre esta cuestión la directora general de la Conselleria de Vivienda, Adoración Guamán, que aseguró que el uso contra hegemónico del derecho (o legislar en favor de los intereses de las mayorías sociales) tiene un precio que en la Conselleria de Vivienda «estamos dispuestas a pagar porque estamos convencidas de que el derecho a la vivienda debe garantizarse desde las instituciones».

El PP no se lo cree

Más dudas sobre lo ocurrido muestra el diputado del Partido Popular en las Corts Valencianes Alfredo Castelló que señaló en redes sociales que sobre este asunto «no me creo que nadie amenace a nadie, es sólo para desviar la atención de la chapuza», en referencia al desarrollo normativa que ha hecho la Conselleria de Vivienda de Dalmau.

Castelló realizó varios comentarios sobre la denuncia pública del vicepresidente. En uno de ellos aseguró: «Amenazas, insisto, estoy convencido de que no hay y es puro victimismo. Si no habría denuncias. Esto es como el dolor, subjetivo». El diputado Castelló se preguntaba en otro comentario» ¿Más victimismo Martinez Dalmau?».