La última reordenación de plantilla aprobada por la Diputación de València refuerza la estructura de control interno en una institución que desde hace años trata de sacudirse los fantasmas de los escándalos judiciales que le persiguen. La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), propuesta en plena crisis postpandemia, plantea la creación de seis jefaturas internas, entre las que destaca la incorporación de un nuevo responsable de la sección jurídico-administrativa adscrito al área de Presidencia. El perfil, aún por cubrir, asumirá la supervisión y el control de las tareas administrativas del Gabinete del presidente de la corporación provincial, al que asistirá y asesorará jurídicamente.
Con la redistribución también se crea un puesto de jefe de la unidad de Protección de Datos, que asumirá la coordinación de las auditorías internas y promoverá la cultura de la protección de datos a nivel interno. Igualmente, se crea un puesto de técnico superior de protección de datos y otro de jefe de la sección de Asuntos Civiles y Sociales, dirigido a asistir jurídicamente y defender los intereses de las entidades locales y proponer medidas e instrumentos jurídicos para «evitar o poner fin a situaciones litigiosas o jurídicamente conflictivas».
La modificación de la RPT contempla igualmente la creación de 13 nuevas plazas de técnico en la Diputación. Una de ellas estará al servicio del grupo Compromís y se encargará de gestionar contenidos en materia de nuevas tecnologías y modernización. El puesto podrá ser cubierto por profesionales procedentes de otras administraciones públicas. El puesto de coordinador de Presidencia, que estaba vacante en la plantilla, ha sido en cambio suprimido.
La apertura de hasta once jefaturas en la plantilla a aspirantes de otras administraciones mediante comisiones de servicio es uno de los motivos por los que los sindicatos rechazaron la reordenación, al considerar que frena la promoción interna del personal de la diputación y limita la movilidad de los trabajadores. En la mesa de negociación, UGT votó en contra y CCOO y CSIF se abstuvieron porque no ven el proceso justificado en la actual coyuntura. Desde UGT se mostraron especialmente críticos con la modificación «ad hoc» de una plaza de jefatura de la sección económica en el área de Medio Ambiente, cuya ocupación ligan a intereses partidistas después de haber denunciado hace más de un año la incorporación ilegal al puesto de una trabajadora de otra administración pública que no reunía los requisitos legales.
Desde el gobierno de la Diputación defienden que la modificación de la RPT obedece a razones de urgencia y remarcan la necesidad de priorizar los procesos que están sujetos a plazos, sin dejar de lado las promociones internas, optimizando recursos y modernizando la plantilla. También apelan a las carencias que tiene la institución de personal administrativo, así como a la caducidad de la bolsa y a la dificultad para desarrollar los procesos de selección iniciados en enero por culpa de la emergencia sanitaria.
La redistribución interna fue la cuestión que más confrontación suscitó en el último pleno, después de que, a principios de año, ya se aprobara otra controvertida modificación de la RPT. Cs cuestionó la ausencia de informes técnicos que justificaran la medida y criticó que «no era necesaria y no concede preferencia al personal de la Diputación».
Por su parte, el PP afeó al ejecutivo la falta de planificación de futuro después de tramitar tres modificaciones importantes de plantilla en esta legislatura, que han afectado a más de 300 puestos de trabajo. El presidente de la diputación, Toni Gaspar, admitió la necesidad de evitar el cortoplacismo y cogió el guante para anunciar que, desde ahora, solo promoverá una RPT al año que estará recogida en el presupuesto y será más participativa.
