Un 15 % de las familias valencianas ya tiene problemas para pagar los gastos de la comunidad de propietarios por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Los administradores de fincas creen que la morosidad se va a disparar a partir de septiembre. Durante la última crisis, la morosidad llegó a afectar en algunas fincas al 50 % de las viviendas. Sebastián Cucala (presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castelló) reconoce que en caso de dificultades económicas las familias dan prioridad «al pago de la hipoteca y la comida» frente a los gastos de la comunidad. Cucala apunta que en épocas de bonanza la morosidad ronda el 5 %, cifra que se multiplica durante las crisis económicas.
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas (que en Valencia y Castelló tiene mil asociados) advierte de que el impacto de la crisis en las cuentas de las comunidades de vecinos todavía es moderado porque desde la declaración del estado de alarma y el confinamiento solo han pasado al cobro el primer trimestre del año. «Lo pasamos en abril y ahora en julio se paga el segundo trimestre. Nuestra previsión es que el repunte de la morosidad se va a producir a partir de septiembre cuando muchos ERTE se transformen en ERE», lamenta.
Sebastián Cucala precisa que en su despacho «entre un 10 y un 15 % de los propietarios están planteando el pago aplazado de las cuotas de la comunidad» porque pasan por dificultades económicas. Los administradores suelen ser flexibles porque buscan evitar que el retraso se convierta en impago. «La mayoría de los vecinos quiere pagar. Cuando un propietario solicita un aplazamiento es que realmente no puede», subraya el presidente del Colegio.
En la crisis económica de 2008, la deuda a nivel nacional alcanzó los 1.600 millones de euros. «En algunas comunidades de propietarios, la mitad de los vecinos tuvo que asumir los gastos de todos», según Cucala.
El representante de los administradores asegura que en la última crisis la morosidad afectó a todo tipo de fincas. «En zonas como la calle Colón de València en la que se puede pensar que había menos problemas se registraron deudas. Las crisis afectan a los asalariados que dependen de sus empresas y a los autónomos», destaca Sebastián Cucala.
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha realizado una serie de propuestas al Gobierno para frenar el repunte de la morosidad. Entre ellas se encuentran la reducción del IVA del 21 % al 10 % para obras y servicios comunitarios y que los plazos para realizar las inspecciones de Industria (ascensores o calderas) se amplíen un año para garantizar que tanto las empresas como los técnicos tengan margen suficiente para realizar sus trabajo. Asimismo, los administradores han solicitado que las contribuciones de los propietarios para la ejecución de obras de mejoras de los edificios puedan ser deducibles en el IRPF como ya se hizo en 2010. Los profesionales creen que la falta de recursos de los propietarios podría afectar a la liquidez de las comunidades lo que limitaría el mantenimiento de los edificios como ya ocurrió en 2008.
