El comandante de la Guardia Civil de Paiporta investigado por los dos juzgados togados militares centrales tras ser acusado de supuesto abuso de autoridad y acoso por dos de sus subordinados -un capitán y un sargento- ha cambiado por completo, a través de su entonces teniente adjunto, a los integrantes del área de investigación de Paiporta, enviando a sus miembros a patrullar el municipio, después de ser denunciado ante el juez por el sargento que dirigía ese grupo, denuncia que ha derivado en que el juez togado militar central número 1 haya abierto diligencias y citado al comandante como imputado en esa causa.
El desmantelamiento del grupo de investigación y el envío de esos cuatro guardias a servicios de patrulla, así como su sustitución por otros cuatro que no hacían labores de investigación, ha sido entendido como una suerte de purga, ya que los cuatro guardias sustituidos eran de la confianza del sargento, quien continúa de baja desde el incidente con su superior a raíz de una investigación contra una empresa de Alaquàs por vender diez veces más caras mascarillas e hidrogeles cuando el mercado ya estaba desabastecido.
Según la denuncia del sargento, el oficial habría intentado frenar esa investigación del área hasta en seis ocasiones y habría llegado a vociferarle por llamar a la jueza de Torrent que instruye el caso cuando el superior ya le había dicho que dejase el caso.
Tal como ha venido publicando Levante-EMV, esa investigación llevada por el sargento y sus cuatro guardias del área permitió detener a un repartidor e incautarse de 600 mascarillas y 2.500 hidrogeles cuando iba a entregarlas a una farmacia de Paiporta. Fue la primera actuación policial en esa materia tras el decreto de estado de alarma y cuando el Gobierno había advertido ya que perseguiría a quien especulase con material sanitario de primera necesidad para luchar contra la pandemia de covid-19.
Una decisión amparada en la norma
Las áreas de investigación son pequeños grupos existentes en muchos puestos de la Guardia Civil -la unidad territorial mínima-, creados hace alrededor de 15 años para suplir la falta de personal dedicado a la investigación de los pequeños delitos. Sus integrantes suelen ser agentes sin el preceptivo curso de Policía Judicial necesario para estar integrado en los grupos de investigación, por lo que resultan más baratos a las arcas del Estado -no han recibido formación y, por tanto, no reciben el plus económico de Policía Judicial-.
La otra ventaja, además de la económica, es que el mando puede destinar a alguien al área de investigacoón de un día para otro, y de otro para uno reintegrarlo a las patrullas uniformadas -o a cualquier otro destino dentro de la misma unidad- sin mayor justificación.
Y así ha sucedido en Paiporta, donde los cuatro agentes que formaban parte del área de investigación al mando del sargento que denunció al comandante han sido relegados de esa función y redestinados a prevención (patrullas en la calle). Esa decisión fue materializada por el teniente adjunto que sustituyó al sargento como jefe de puesto tras la baja del suboficial, pero sin la supervisión y visto bueno del máximo responsable de la unidad, el comandante, no podría haberse realizado.
El desmantelamiento del grupo se produjo el 6 de mayo, tres semanas después de que el sargento ampliase su denuncia para incluir también al teniente adjunto en ella. En esa ampliación, presentada el 17 de abril ante el Juzgado Togado Militar Central número 1, el suboficial, que hasta su baja era jefe del área de investigación y jefe del puesto de Paiporta, llega a afirmar que el teniente y el comandante habrían realizado llamadas «que podrían considerarse intimidatorias» a los testigos del incidente en el que le habría vociferado y también que «habrían estado recabando material probatorio (...) de forma irregular».
En el procedimiento ante el juez militar también está solicitado que declare como testigo uno de los guardias civiles del área, ahora enviado a patrullar con el cambio integral del grupo. Se trata del agente de confianza del sargento que asumió la instrucción del atestado del caso de las mascarillas cuando el suboficial fue dado de baja tras el incidente con su superior.
Tal como ha venido publicando este diario, el sargento denunció ante la jueza de Torrent al oficial, pero la magistrada se inhibió en el togado militar central, con sede en Madrid, por el empleo de comandante del ahora investigado.
Este diario ha solicitado oficialmente su versión a la Comandancia de València, cuyo coronel-jefe es el máximo responsable de la Guardia Civil en la provincia, pero no ha obtenido respuesta al ofrecimiento de explicar las razones de la renovación de todos los miembros del área.
