El Tribunal Supremo (TS) reconoce el derecho de la Universidad Católica de València (UCV) a «no ser discriminada ni excluida» por el hecho de ser privada a la hora de realizar un convenio con la administración para que sus alumnos realicen prácticas. No obstante, al mismo tiempo, el alto tribunal advierte de que la institución académica «no tiene derecho a que se apruebe, sin más, el convenio» elaborado por ella para tal fin.

Así se establece en una sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo en la que se estima en parte el recurso que interpuso la Generalitat Valenciana y la Universitat de València contra una resolución de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconocía el derecho de la UCV a suscribir con la Conselleria de Sanidad un convenio para que sus estudiantes de Ciencias de la Salud hicieran prácticas curriculares en instituciones sanitarias públicas. Para ello, daba un plazo de cuatro meses.

Visto el recurso de casación presentado, el Supremo considera que hay que determinar si, «a la vista del marco normativo aplicable, es posible o no un pronunciamiento que reconozca a una universidad privada el derecho a suscribir convenios de cooperación educativa en instituciones sanitarias públicas en materia de prácticas académicas curriculares».

Al respecto, la sentencia, consultada por Europa Press, rechaza que, tal y como alegaba la Generalitat, exista impedimento legal para que universidades privadas puedan suscribir ese tipo de acuerdos. En este sentido, explica que la modificación, en 2018, del artículo 79.2 de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, -que establecía que la colaboración de la administración para la docencia práctico-clínica sería con universidades de titularidad pública, fue anulada por el Constitucional en 2019 por «carecer de competencia la comunidad autónoma para establecer esa distinción».

Además, el TS hace notar que «existe una contradicción entre la normativa básica estatal y el precepto legal autonómico impugnado (...) pues aquella, no solo no hace distinción entre unas universidades y otras, sino que en la propia regulación complementaria del régimen de concertación alude de modo expreso a las universidades privadas para establecer los vínculos entre aquellas y la instituciones sanitarias integradas en el sistema nacional de salud, a través de la figura del convenio». Por tanto, «la administración autonómica no puede denegar la realización de un convenio fundado en el carácter privado de la universidad», recalca el Supremo.