El empresario detenido en la última operación de la Guardia Civil del caso Erial, que investiga la presunta trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones, quedó ayer en libertad tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción 8 que investiga la causa, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos. El empresario, del que no ha trascendido su sombre, fue arrestado por los agentes del grupo de delitos contra la administración de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ibiza. Supuestamente durante una actividad festiva particular.

Su relación con el caso Erial podría estar relacionado con el presunto blanqueo de capitales, entre otros muchos delitos, que se investiga en esta causa desde 2015. Los investigadores sospechan y han logrado acreditar en parte que el expresidente de la Generalitat Valenciana pudo mover, a través de testaferros, más de 19 millones de euros a través de 14 países distintos para ocultar el presunto cobro de comisiones a cambio de la privatización del servicio de las ITV y la adjudicación de los parques eólicos.

El empresario compareció por videconferencia ante la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València, responsable de la investigación del caso Erial, quien tras oirle en declaración decidió dejarle en libertad, aunque con medidas cautelares entre las que se encuentra la obligación de firmar semanalmente en el juzgado de guardia.

Respecto a la imputación y registro de la vivienda de Fernando Castelló, el exconseller de Industria, ésta estaría relacionada con la adjudicación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana entre 2001 y 2003, según los datos recabados por Levante-EMV. Bajo el mandato de Fernando Castelló se ejecutó la adjudicación del Plan Eólico Valenciano (tramitado y adjudicado entre 2001 y 2003) que es, precisamente, uno de los contratos bajo sospecha en el caso Erial, que investiga el presunto cobro de comisiones a cambio de las adjudicaciones del megacontrato eólico y de las concesiones de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) en 1997. Castelló también acompañó a Zaplana en su periplo como ministro ya que éste lo nombró secretario de Estado de la Seguridad Social (2003-2004).

Los últimos registros y detenciones se enmarcan dentro de la nueva pieza declarada secreta por la magistrada de Instrucción a finales del mes de junio. Unas pesquisas que se declararon secretas (por lo que ningún investigado puede acceder a los movimientos de la UCO, la jueza y el fiscal anticorrupción) tras recibir varios informes de la UCO.