La Conselleria de Economía no será la única que presente un plan de teletrabajo propio con el fin de flexibilizar por la vía de los hechos el acuerdo del Consell del 19 de junio que resolvía la incorporación física del cien por cien de la plantilla sin opción a formas no presenciales de trabajo. El resto de conselleries adscritas a Compromís y que desde el primer momento se mostraron contrarias a este acuerdo promovido por la Conselleria de Justicia también tienen previsto explorar este camino, según han confirmado varias fuentes.
La opción de acogerse al decreto 82/2016 que regula el teletrabajo en la Generalitat fue la única salida que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, dio a su colega de Economía, Rafal Climent, en la reunión celebrada el pasado miércoles para tratar de reconducir el conflicto entre ambos departamentos. Tal como adelantó Levante-EMV, Economía decidió el martes reinterpretar el acuerdo del Consell sobre el regreso del funcionariado y a través de una modificación del plan de contingencia abrir la puerta al teletrabajo en la plantilla de Economía tres días por semana.
Bravo llamó a capítulo al conseller y forzó una rectificación, que se concretó a última hora de la tarde del jueves. Así, el subsecretario de Economía emitió una nueva circular en la que del plan de contingencia caía las referencias al teletrabajo, así como a la posibilidad de que aquellas personas con trabajo no presencial pudieran solventar la incidencia de no fichar por el sistema gvcronos. Sin embargo, Economía, tal como le sugirió Justicia, tratará de sacar adelante de forma exprés un plan para que parte de la plantilla pueda teletrabajar. La idea, según confirmaron fuentes de este departamento, es presentarlo la semana próxima.
Probablemente, no será la única petición que Función Pública tenga que resolver ya que otras conselleries adscritas a Compromís tienen previsto hacer lo mismo. En todo caso, la última decisión la tiene el departamento de Bravo ya que el citado decreto especifica que es el área de Función Pública quien tiene que resolver si las solicitudes son viables. Cabe recordar que en cuatro años, ningún servicio de ninguna conselleria tramitó ninguna petición para el teletrabajo. La propia Bravo ya ha anunciado su voluntad de una nueva regulación para hacer viable la modalidad de trabajo no presencial.
Mientras tanto, la orden vigente es la incorporación completa de la plantilla, lo que ha conllevado adaptar los espacios para garantizar la seguridad en el p puesto de trabajo y evitar los contagios.Una de las claves es una disposición de puestos que permita la distancia interpersonal de un metro y medio, algo que no ha sido posible en algunas dependencias y que ha obligado a habilitar otros espacios, como bibliotecas o salas multiusos, para trabajar. Precisamente ayer el pleno del Consell aprobó la contratación de emergencia de una bolsa de 1.170 puntos de red ( 700 son sin instalación eléctrica y 470 con tomas de corriente ordinarias) con el objetivo de atender las nuevas necesidades.
También se han solicitado nuevos puntos de red para el personal que cambia de ubicación para mantener la distancia de seguridad, y para aquellos que ahora ya no pueden compartir los teléfonos IP. En las instalaciones de Justicia, por ejemplo, el hecho de compartir teléfonos era, hasta este momento, una práctica habitual y hay peticiones a atender en todos los juzgados para la instalación de más de 1.300 nuevos teléfonos. La adjudicación del servicio asciende a 311.696 euros y la contratación será inmediata por la«necesidad sobrevenida».
