«Ya casi ni me acordaba de este tema», dijo el alcalde de València, Joan Ribó, al comentar las conclusiones de la UDEF sobre la relación entre las empresas del grupo Trasgos y el consistorio que lideraba entonces Rita Barberá. La unidad de delincuencia económica de la Policía ha acreditado que el gobierno de la exalcaldesa del PP pagó 2,7 millones a Trasgos durante 14 años. El 30 de octubre de 2014 Compromís puso en conocimiento de la Policía Nacional los hechos. Casi seis años después, el máximo responsable de la ciudad anunció ayer que el ayuntamiento se personará en la causa como parte perjudicada y reclamará, si es que se demuestra un quebranto patrimonial, que le sean reintegrados los importes presuntamente defraudados.

«Trasgos es un entramado de empresas presumiblemente vinculado a una organización que se llama Opus Dei, pero eso no lo puedo confirmar», deslizó el alcalde. «Nosotros presentamos una denuncia. La misma policía lo llevó después al juzgado y se abrió una pieza sobre esta tema».

El líder de Compromís explicó que la citada empresa hizo la campaña del Partido Popular en 2011 «y a la vez hacía los congresos del PP en la ciudad», la comparó con Orange Market, «pero a nivel municipal». Ribó ratificó lo que avanzó ayer Levante-EMV, que durante 14 años Trasgos facturó 2,7 millones al ayuntamiento, «prácticamente a todos los servicios», aunque la Fundación Deportiva Municipal facturó 1,5 millones. Ribó recordó, sin nombrarlo, que Cristóbal Grau es actualmente secretario de grupo del PP que lidera María José Catalá, y que entre este caso y Taula hay cuatro personas del equipo de la exconsellera investigadas por la justicia. «Hay una vinculación entre el grupo municipal anterior y el actual», remarcó.

La vicealcaldesa, Sandra Gómez (PSPV), se manifestó en la misma línea: «No es el viejo PP, es el actual. Que nadie se confunda». En este sentido, remarcó que «están relacionadas con este caso de corrupción personas que a día de hoy tienen un peso muy importante en el actual PP de la ciudad de València».