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Las concejalías que regaban con contratos a una de las empresas fetiche de Barberá

La delegación de Deportes, dirigida sucesivamente por Enrique Pérez Boada y Cristobal Grau adjudicaron 1,5 millones al grupo Trasgos

Las concejalías que regaban con contratos a una de las empresas fetiche de Barberá

Las concejalías que regaban con contratos a una de las empresas fetiche de Barberá

El grupo empresarial Trasgos Comunicación, dirigido por los empresarios Antonio Puig Payá y Vicente José Peris Montesinos, se encontró en la década de los años 2000 lo que toda empresa anhela: estabilidad. Entre 1999 y 2013 recibió un goteo constante de contratos de hasta nueve concejalías o fundaciones municipales que eligieron a las cuatro empresas que componen el grupo Trasgos tanto para un roto como para un descosido. A una media de 240.000 euros anuales. De hecho, durante estos catorce años recibieron contratos por valor de 2,7 millones, según ha acreditado la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía en un informe aportado a la causa del Juzgado de Instrucción 20 que investiga este presunto trato preferencial a una de las empresas fetiche de la entonces alcaldesa de València Rita Barberá, que incluso organizó la campaña electoral de 2011 (investigada por Instrucción 18, en el caso Taula).

Unas contrataciones que tienen en común las numerosas irregularidades detectadas por los agentes que ejercen de policía judicial: «fraccionamiento del objeto del contrato en contratos menores [habitual para evitar los concursos]; indeterminación de los criterios de valoración y el mayor peso de los criterios subjetivos frente a los objetivos en concursos y procedimientos negociados; justificación del carácter ineludible del gasto sin que conste la declaración de urgencia en los expedientes; adjudicaciones directas» y el recurso habitual a la participación de varias empresas del grupo Trasgos en los concursos, por lo que siempre los ganaban, según acredita la UDEF.

Aunque para ejecutar esta miríada de contrataciones se precisa toda una estructura administrativa al servicio del presunto trato de favor. Y es lo que ha hecho la UDEF en esta causa, reflejar en su informe la trazabilidad de qué concejales, jefes de servicio o de área autorizaron cada gasto o factura en todas las concejalías que contrataron con el grupo Trasgos.

El top de la facturación

Del análisis sorprende que «más de la mitad de la facturación 1,5 millones (54,06%) lo fue con un único órgano municipal, la Delegación de Deportes, y con sus dos entidades dependientes el Servicio de Deporte y la Fundación Municipal Deportiva», en manos de los concejales Enrique Pérez Boada y Cristobal Grau. El primero, de hecho, fue consejero del grupo Trasgos entre noviembre de 2003 y febrero de 2004, tras abandonar la política local y antes de ser fichado para el Institut Valencià de Finances (IVF).

Por volumen de contratación, dos áreas dirigidas por el exconcejal Miquel Domínguez (Publicidad y Seguridad Ciudadana) fueron la segunda y cuarta que más adjudicaciones dieron a Trasgos: un total de 641.547 euros (ver la infografía que acompaña esta información).

Tampoco le fue a la zaga la delegación de Innovación y Sociedad de la Innovación dirigida por Juan Eduardo Santón que adjudicó a tres empresas del grupo Trasgos contratos por un montante de 267.945,88 euros.

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