Otro testigo en los dos procesos contra el comandante, puesto a patrullar sin motivo aparente

El cabo, que llevaba 20 años en la oficina de denuncias del cuartel de Paiporta, ha pedido amparo interno por acoso laboral, pero se lo han denegado

Teresa Domínguez | @TeresaDomin9uez valència

13·07·20 | 04:15

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Cambios de unidad sin explicaciones, partes internos, informaciones reservadas, apertura de investigaciones por acoso laboral, cruce de denuncias... La situación que atraviesa el cuartel de la Guardia Civil de Paiporta, con incluso dos investigaciones de los jueces togados militares centrales contra su comandante por denuncias de un capitán y un sargento, no parece tener fin.

La última 'víctima', por el momento, es un cabo destinado desde hace 15 años en la oficina de denuncias del puesto de Paiporta, cuartel en el que lleva desde el año 2000. El hombre, respetado y querido entre sus compañeros, se ha visto ahora en la calle, patrullando en el área de prevención de la delincuencia, pese a su intachable expediente en la oficina de atención al ciudadano, con una puntuación de 8 sobre 10 en el informe personal de calificación (Ipecguci), las evaluaciones anuales que se realizan dentro del cuerpo y que son tenidas en cuenta para mejoras de empleo, cambios de destino, felicitaciones e incluso ascensos.

Ese cabo figura como testigo en los dos procesos judiciales que llevan los jueces militares centrales 1 y 2, con sede en Madrid, contra el oficial denunciado. En el primer caso, propiciado por la denuncia interpuesta por el entonces segundo oficial del comandante, un capitán, y que investiga el togado militar central número 2, el cabo ahora cambiado de destino resultó ser el principal testigo de uno de los episodios denunciados, cuando el comandante supuestamente habría echado a gritos de su despacho al capitán.

Pasado el tiempo, el mismo cabo volvió a ser testigo de otro incidente similar, cuando el oficial presuntamente «vociferó» al sargento por no abandonar una investigación que permitió retirar del mercado la primera partida irregular de mascarillas e hidrogeles de España, en los primeros días del estado de alarma.

Ese episodio se produjo el 19 de marzo pasado, a las puertas de la oficina de denuncias del cuartel, justo donde el cabo atendía a un ciudadano que estaba interponiendo una denuncia. De hecho, el sargento ha propuesto a ambos, al cabo y al ciudadano, como testigos de ese incidente en el proceso judicial que lleva el juez togado militar central número 1.

El magistrado decidirá si cita a esos testigos o no -hay un tercero, un sargento que también estaba presente ese día- una vez le tome declaración al denunciante y al comandante, a quien ordenó citar como investigado en un auto fechado el 22 de mayo.

Protocolo de acoso

El 1 de junio, sin previo aviso, se le comunicó al cabo que a partir del 8 de junio debía dejar la oficina de denuncias para pasar a realizar patrullas. Al día siguiente, según relata el cabo en el escrito de activación de protocolo por acoso laboral mediante el cual solicitó ayuda a sus superiores de la Comandancia de Valencia el 8 de junio pasado, pidió entrevistarse con el teniente por orden del cual le había llegado el cambio de puesto. El oficial, según detalla el cabo, se limitó a argumentar que se trataba de un «cambio operativo» en dos ocasiones, y rechazó cualquier posibilidad de que se quedase en la oficina, aprendiendo la dinámica de ese nuevo puesto, insistiendo el teniente en que «exclusivamente» patrullas, afirma el cabo.

Al día siguiente, pidió explicaciones de nuevo, esta vez por escrito, al mismo oficial por conducto reglamentario. El día 5, tres días más tarde, y estando de descanso, fue citado por el teniente para informarle de que se le abría un protocolo de conductas anómalas, por lo el que se le retiró el arma en ese mismo momento y se le envió al psicólogo el día 8. El facultativo no detectó ninguna anomalía en su comportamiento y determinó que el cabo estaba apto para el servicio, por lo que se le devolvió el arma.

Ese mismo día, el 8 de junio, el cabo pidió ayuda a sus superiores y un cambio de destino para dejar de estar bajo las órdenes del comandante, pero su solicitud ha sido rechazada. En ese escrito de protocolo de acoso laboral, el cabo se muestra convencido de que el cambio de puesto que, según detalla era «vox pópuli» en el cuartel antes de que sucediera, viene derivado de su condición de testigo en los procesos contra el comandante y que la retirada de armas es una estrategia procesal para «invalidar mi testimonio en esos procesos penales».

El repentino cambio de puesto del cabo ha suscitado una ola de solidaridad, con duras críticas a la decisión en Twitter, no solo de la asociación profesional de la Guardia Civil AUGC, sino también de otros agentes e incluso de la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín.