El Govern acordó a última hora de anoche, de urgencia y por decreto, el confinamiento de Lleida tras horas de confusión -añadida al enojo de los habitantes y responsables políticos de la comarca del Segrià-. El texto, aprobado por el Ejecutivo de Quim Torra en una sesión extraordinaria, consiste en una modificación de la ley de salud pública basada en que, «mientras que la previsión de los estados excepcionales es una regulación de carácter general», en cambio la regulación específica de las emergencias sanitarias constituye «una legislación especial», fruto de la necesidad de adoptar medidas concretas para preservar la salud pública, garantizadas por la Constitución, a la que apela el Govern.
En concreto, el decreto modifica la ley sanitaria catalana para que, «en situaciones de pandemia declaradas por las autoridades competentes», se puedan «adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales».
Los detalles del decreto
De entrada, el decreto habla de recomendaciones, que han de durar un máximo de 15 días prorrogables, y ajustadas territorialmente al mínimo ámbito necesario para su efectividad». Y en concreto, respecto a los desplazamientos, se permiten solo los «esenciales» de forma individual o con «la unidad de convivencia» y con todas las medidas de precaución, higiénicas y de distanciamiento. ¿Cuáles son los esenciales? Paseos individuales o con grupo de convivencia; cuidado de huertos familiares, de autoconsumo o municipales siempre que estén en el mismo término que el del domicilio o una localidad vecina; actividad deportiva sin contacto, desplazamiento a supermercados y tiendas de alimentación, desplazamiento por asistencia sanitaria e ir a la farmacia, todas ellas siempre dentro del mismo municipio; desplazamiento para ir a trabajar o a la escuela, y desplazamiento para bodas o funerales con aforo limitado. «En ningún caso se pueden prohibir los desplazamientos con carácter absoluto», deja claro el decreto.
Asimismo, la Generalitat no limita el transporte de mercancías; permite viajes para movimientos esenciales pero solo con la «burbuja de convivencia»; obliga a registrar los asistentes a reuniones si no se conocen, y establece un control de apertura de espacios públicos y un registro de asistentes. En cuanto a los servicios de salud, se fija un control sobre la estrategia y los planes de escalada, así como restricciones de visitas a instalaciones residenciales.
En lugares de trabajo y comercio, se fija un control de apertura en cuanto al aforo y la modalidad de los espacios de trabajo y se prioriza la gestión de horarios para garantizar la conciliación. Y en los hoteles, se regula el aforo en función del espacio, las medidas de higiene y las condiciones de apertura materiales y temporales.
El decreto viene precedido de un nuevo choque político-judicial tras la decisión de una jueza de Lleida, la madrugada del domingo al lunes, de atender la petición de fiscalía y vetar el confinamiento decretado por la Generalitat. Ello motivó reuniones de urgencia a primera hora de ayer de Torra con los servicios jurídicos y los 'consellers' implicados en la gestión de la covid-19, que actuaron sin fisuras. El 'president' compareció para pedir a los habitantes de Lleida y el Segrià que «sigan las indicaciones» del Govern de permanecer en sus domicilios -salvo excepciones- pese a la decisión judicial. Torra aseguró que el Ejecutivo catalán «no acepta» la decisión de la juez, pero evitó la desobediencia y asumió que hasta que se aprobase la nueva regulación, los Mossos cumplirían las resoluciones judiciales.
