El magistrado José Ramón de Blas, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considera que la experiencia tras el reciente estado de alarma en España debe servir para adoptar medidas que eviten la paralización del sistema judicial, como avanzar en la digitalización y aumentar el personal.
De Blas compareció ayer de forma telemática en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts Valencianes para proponer medidas a la comisión especial de estudio para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat tras la pandemia, que según ha informado llevó a la paralización de 20.000 juicios. Antes de esta situación , lamentó, había una crisis «sistémica» en los juzgados y tribunales, por un problema «endémico» de la Justicia, que había provocado el «colapso de la justicia por la excesiva litigiosidad y la falta de juzgados y de jueces».
Según informó en 2019 entraron como asuntos nuevos 661.833 litigios y había pendientes de resolución otros 277.372, con una media de 1.564 por órgano judicial. Los más desbordados y con una sobrecarga de más del 200 por ciento, los de lo Social de Benidorm y Elche y los mercantiles de Valencia, Alicante y Elx, preció. La situación de estos juzgados, añadió, se agravará en un futuro con los nuevos procedimientos que se abrirán por la crisis sanitaria, sobre todo los económicos cuando finalicen las medidas extraordinarias puestas en marcha por el Gobierno para aliviar la situación que atraviesan las empresas.
La Asociación Profesional de la Magistratura aboga por aplicar medidas que pasan por extender el expediente judicial electrónico, la digitalización del sistema judicial y aumentar las plantillas de jueces y funcionarios, como una inversión a corto y largo plazo. También cuestionó la alta dispersión de los órganos judiciales, que dificulta las tramitaciones, y reclamó la generalización del Sistema de Gestión de Justicia Avantius.
