Más dinero para la gestión, solucionar los atrasos, mejorar los salarios y licitar los centros pendientes. Esas son las principales reivindicaciones de entidades y sindicatos del sector de atención a la infancia y adolescencia, que ayer presentaron un escrito dirigido a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en el que denuncian la «insuficiente financiación» del sistema, los «excesivos retrasos» en la licitación de «numerosos» centros y las «graves consecuencias que ello tiene en la atención a los menores y en las condiciones laborales del personal».

El responsable del sector de CC OO, Toni Jiménez, demandó una «mejor financiación» del sistema de concierto, ya que «otro problema» de los centros de gestión integral licitados públicamente es la «escasez de gastos generales y de mantenimiento» y la «falta de subidas salariales». En este sentido, remarcó la «necesidad urgente» de «mejorar las condiciones económicas en los presupuestos» para que «en septiembre sean incluidas las subidas salariales».

Por su parte, el presidente de la Federación de Entidades del Tercer Sector en Protección Juvenil, Daniel Bueno, reivindicó que «el cumplimiento de los acuerdos de 2018 ha de producir una renovación del concepto social y de los contratos que todavía están sin salir» porque el no cumplimiento «perjudica a los trabajadores».

«Al no producirse de forma homogénea la renovación de contratos, los centros públicos son entidades que están haciendo el mismo trabajo con diferencias notables de salarios en la plantilla, que siguen congelados», aseguró Bueno al tiempo que señaló la «desigualdad» de los sistemas frente al sector privado.

En este contexto, el responsable de FeSP-UGT-PV, Toni Femenía, anticipó «conflictividad laboral» y advirtió de que «un buen agujero acaba teniendo como consecuencia la congestión» de estos centros. Asimismo, denunció una tabla retributiva «a dos velocidades», así como los «múltiples retrasos» de la Conselleria y la «incertidumbre» de los trabajadores, que «llevan más de 10 años sin subidas de salarios», una situación «insostenible» que, según Femenía, «afecta a más de 25 centros».