Agentes del área de investigación de Bétera han culminado una importante operación policial contra un entramado delictivo que se dedicaba presuntamente a importar mascarillas caducadas y material sanitario de primera necesidad para luchar contra la covid-19 sin los pertinentes certificados ni homologaciones.

La red de mascarillas tenía material caducado desde 2014 valorado en millón y medio de euros. En la rueda de prensa de este miércoles, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha añadido que se han bloqueado judicialmente 33 cuentas bancarias. Este material se vendía a través de supermercados, farmacias, clínicas, empresas y a través de venta online.

La operación, bautizada como Face Mask, ha permitido detener a un total de 14 personas. rece de ellas en España -València, Barcelona, Zaragoza y Bilbao- y una en Italia. Los presuntos cabecillas residían en València y eran empresarios especializados en la importación de todo tipo de productos y bienes de consumo, principalmente desde China.

Precisamente el conocimiento previo de esos canales de compra les permitió traer cientos de miles de mascarillas y guantes cuando el mercado estaba desabastecido y ni siquiera el Gobierno central o las comunidades autónomas tenían acceso a esos productos.

Así, trajeron contenedores enteros de mascarillas, guantes, equipamientos médicos y otros productos sanitarios que vendían casi antes de que tocaran suelo español, procedentes de China, y de otros países, tanto por vía marítima como en camiones. La investigación comenzó en febrero, poco antes de decretarse el estado de alarma.

Durante la explotación de la operación, llevada a cabo el pasado 15 de junio en València, Museros, la Pobla de Farnals, entre otros municipios valencianos, así como en distintos puntos de Barcelona, Bilbao y Zaragoza, los agentes detuvieron a 14 personas, todas ellas de nacionalidad española y se incautaron de más de 300.000 mascarillas, entre otros productos sanitarios imprescindibles durante esta pandemia.

A parte de en España, la organización distribuía el material ilegal en otros países como Portugal, Turquía y Colombia.

Ahora, los investigadores analizan miles de documentos intervenidos en los 14 registros simultáneos en domicilios y almacenes, para intentar averiguar cuánto han vendido en estos tres meses.

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