En plena polémica sobre el trabajo presencial o telemático, el departamento de Bravo, el que más apuesta por la desescalada y el regreso físico al puesto para desatascar la Generalitat, ha tenido que hacer una compra de más de 600 portátiles por valor de un millón para garantizar al colectivo judicial (secretarios, letrados, fiscalía, y jueces) el teletrabajo si la pandemia no remite o incluso avanza después del verano. Esta compra, la tercera en meses, se ha hecho por la vía de emergencia.